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Ciudadanos propone restringir el pago en efectivo a las empresas a 1.000 euros y mantener el límite de 2.500 euros en los pagos realizados por particulares, así como garantizar el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio con tarjeta de crédito, limitando las comisiones.

El programa electoral de Ciudadanos publicado este martes y que contiene 175 propuestas aboga por limitar el pago en efectivo a las empresas para evitar el blanqueo y por la universalización del pago a través de tarjeta como fórmula para luchar contra el fraude fiscal.

Fuentes de Ciudadanos han añadido que la limitación del pago en efectivo a 1.000 euros se refiere a las transacciones entre empresas y también entre particulares y empresas.

La formación naranja también aboga por extender la lista de morosos con Hacienda, reduciendo su umbral a 600.000 euros y ampliando la información para incluir a los responsables solidarios de los deudores.

Otra de las propuestas de la formación naranja es la creación de una Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente que dé una respuesta rápida a las reclamaciones de los ciudadanos frente a la administración, para que se resuelvan en un plazo razonable y, si no es así, que puedan resolverlas un juez.

Además, reformarán "con urgencia" el delito fiscal haciendo cumplir las sentencias y endureciendo las penas y limitarán los supuestos en los que se pueda rebajar la pena del delito mediante el pago, incide el programa, que también promete revisar la lista de paraísos fiscales para volver a incluir aquellos Estados que no cooperan con España.

Ciudadanos propone incrementar los medios y la autonomía de la Agencia Tributaria con la aprobación de un Estatuto de la AEAT, así como promover una reforma en la UE que armonice las bases imponibles del impuesto de sociedades y eliminar el régimen especial de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Entre las medidas contra el fraude también resaltan reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y endurecer las multas a las entidades financieras que cooperen en el blanqueo o el fraude de sus clientes.