La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha pedido hoy que "no se adelanten acontecimientos" sobre la posibilidad de que los bancos repercutan en sus clientes el impuesto de las hipotecas que han de asumir, y ha recordado que "existe una prohibición clara de cláusulas o comportamientos abusivos".

En declaraciones a la prensa posteriores a su participación en unas jornadas organizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Calviño ha explicado que el poder judicial debe interpretar las leyes, y el legislativo y el ejecutivo de cambiarlas "si consideran que eso es necesario".

Por ello, ha explicado, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto ley para "dejar claro que a partir de ahora" el impuesto sobre actos jurídicos documentados sobre las hipotecas (que oscila entre el 0,5 y el 1,5 % del importe prestado y es recaudado por las comunidades) lo debe pagar la banca, y no el consumidor.

"La intención del Gobierno es gobernar (...) y tratar de resolver los problemas de los ciudadanos", ha justificado Calviño, que ve "sorprendente" que cada vez que se habla de subir impuestos "inmediatamente la reacción sea hablar de que será trasladado a los ciudadanos".

En ese sentido, ha recordado que las entidades financieras, como todas las demás, están sujetas a la normativa y "existe una prohibición clara de cláusulas o comportamientos abusivos".

"El funcionamiento de los mercados dependerá de la existencia de competencia. El mercado hipotecario hasta ahora se ha caracterizado precisamente por una gran competencia, así que no se pueden adelantar acontecimientos", ha defendido.

Igualmente, ha considerado "importante" garantizar la protección de los ciudadanos y por eso, ha explicado, el Gobierno trabaja en la creación de una "autoridad de protección del cliente financiero", que reuniría algunas de las funciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta iniciativa del Gobierno llega un día después de que el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera, en un agrio debate y por 15 votos contra 13, que la tasa debía asumirla el cliente y no las entidades financieras, en contra de lo determinado en tres sentencias previas de mediados de octubre.