La Comisión Europea (CE) propuso hoy que todas las transacciones en euros entre países de la Unión Europea (UE) cuesten lo mismo que las realizadas a nivel nacional, ampliando así a los Veintiocho una norma que ya se aplica entre los Estados de la eurozona. La iniciativa prevé que las comisiones por hacer pagos transfronterizos en euros -ya sean transferencias, pagos con tarjeta o la retirada de dinero en cajeros- sean las mismas que se cobrarían por un pago doméstico equivalente en la moneda local. "Esto reduciría los costes a algunos céntimos o incluso cero", dijo el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa para presentar la propuesta.

El Ejecutivo subraya que el cambio será "importante" porque las comisiones por una simple trasferencia pueden ser "exorbitantes" en algunos Estados miembros de fuera de la eurozona, de hasta 24 euros por transferir 10 euros", dijo la Comisión en un comunicado. Bruselas argumenta que estos costes crean barreras para los hogares y empresas, especialmente las pymes, que quieren hacer pagos en otros países, y crea una "brecha" entre los ciudadanos de fuera y dentro de la eurozona, ya que los países del euro se benefician de la medida desde 2001. Actualmente esta afecta a 2.800 millones de transacciones al año, 360 millones de consumidores y 16,3 millones de empresas, y la CE calcula que los cambios permitirán ampliarla a 1.800 millones de transacciones, 150 millones de usuarios y 6 millones de empresas más en toda la UE. La Comisión estima que generará un ahorro de 1.000 millones de euros al año.

Según sus datos, los búlgaros son los ciudadanos comunitarios que más pagan por transferir dinero a otros países (un mínimo de 15 euros y un máximo de 24 por enviar entre 10 y 1.000 euros), seguidos de los rumanos (entre 10 y 15 euros) y los checos (entre 7,5 y 9,6 euros), mientras que los polacos son los que menos (entre 1,2 y 1,9 euros) La Comisión explicó que la norma solo afectará a las transferencias en euros, y no en otras divisas, porque esta suponen un volumen mucho mayor, se basan en estándares comunes y la mayoría de bancos UE tienen infraestructura para procesarlas, entre otros motivos. El Ejecutivo comunitario quiere introducir los cambios modificando las normas de 2009 sobre los cargos por pagos transfronterizos. Y propone además un segundo cambio para hacer más transparentes los costes cuando se realiza un pago en el extranjero que exige una conversión entre divisas de la UE.

La llamada conversión dinámica se da cuando un consumidor que compra en otro país -físicamente o en línea- paga con tarjeta en su propia moneda, y no en la moneda local, o cuando saca dinero de un cajero en otro país y pide ver el montante en su divisa. Este sistema le permite conocer el coste en su moneda en el momento sin esperar al extracto de su banco, pero el proveedor de servicios que realiza la conversión cobra una comisión, lo que hace que con frecuencia sea más caro pagar con la propia moneda que con la local. La Comisión propone ahora que los usuarios tengan que ser "totalmente" informados del coste de la conversión antes de efectuar la operación. "Esto permitiría a los viajeros comparar entre diferentes opciones de conversión y elegir la mejor", dijo Dombrovskis, quien recordó que "normalmente" lo más barato es pagar en la moneda local. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) decidirá cómo aplicar exactamente la medida.

Desde que sea adoptada, habrá un periodo de tres años de transición para que las entidades apliquen los estándares de transparencia, durante el cual se fijará un tope a las comisiones que definirá la EBA. La iniciativa llega tras las quejas de las asociaciones de consumidores. Según los datos recogidos por la organización europea BEUC, una investigación alemana en 11 países europeos mostró que los consumidores pagaron entre un 2,6 % y un 12 % más cuando utilizaron la conversión dinámica. Su directora general, Monique Goyens, "aplaudió" hoy la iniciativa comunitaria para acabar con lo que consideran una "estafa" y pidió a la CE que tenga en cuenta el "comportamiento real" de los consumidores a la hora de definir los aspectos prácticos. Los cambios deben ahora ser negociados y aprobados por la Eurocámara y los países para entrar en vigor