La banca y los servicios financieros, las telecomunicaciones, la energía y la sanidad han sido los sectores más denunciados en el primer semestre de este año, periodo en el que la federación de consumidores Facua ha tramitado 5.543 reclamaciones.

Así, la banca y los servicios financieros han acaparado el 19,4 % de las denuncias, mientras que las telecomunicaciones han registrado el 17 % y la energía y la sanidad han contabilizado el 11 %, según un comunicado difundido este martes por la organización de consumidores.

En este periodo, los equipos jurídicos de Facua han abierto 5.543 expedientes de reclamación en representación de sus asociados, mientras que las consultas planteadas se han elevado a 23.194.

En el caso de la banca, el aumento de las denuncias obedece a irregularidades en hipotecas, cláusulas suelo, IRPH y el cobro indebido de gastos de formalización, así como la decisión de muchas entidades bancarias de aplicar o subir "irregularmente" las comisiones que cobran por sus servicios.

En el primer semestre de 2021, el sector de las aerolíneas ha caído del primer puesto, que ahora ostenta la banca, y las telecomunicaciones han alcanzado el segundo lugar del ranking escalando una posición con respecto a 2020, cuando se situaron en el tercer puesto con el 14,7 %.

Facua ha criticado la "irresponsable" falta de actuaciones de las autoridades con competencia en protección de los consumidores a nivel estatal y autonómico ante los "gravísimos fraudes" que se vienen produciendo estos últimos años y que "obligan" a judicializarlos.

En este sentido, ha lamentado que el Ministerio de Consumo "no ha hecho pública ninguna alerta sobre este tipo de prácticas", y ha denunciado que las autoridades de consumo autonómicas, que tienen las competencias sancionadoras, continúan sin anunciar multas o haciéndolo "de forma anecdótica", con la única excepción de Baleares, que en los últimos años ha emprendido y difundido públicamente actuaciones sancionadoras de forma habitual.

La asociación critica que "la pasividad de las administraciones competentes ha venido favoreciendo que multitud de empresas se salten la obligación legal de devolver las cantidades pagadas por servicios cancelados o a los que los consumidores no accedieron debido a las restricciones instauradas con motivo de la pandemia".

En el caso del sector con más denuncias por estos motivos, el aéreo, los poco más de 5 millones de euros a los que ascendió el año pasado la suma de expedientes sancionadores de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Transportes "resulta ridículo teniendo en cuenta que hay millones de pasajeros afectados", subraya Facua.