La Audiencia Nacional ha confirmado las multas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en 2015 a una decena de concesionarios de Toyota al considerar probada la existencia de un cártel en la "zona de Madrid" entre noviembre de 2012 y junio de 2013.

Indicios que no ha encontrado en diez de los concesionarios de Hyundai, también multados por el organismo hace cuatro años por acordar, supuestamente, la fijación de descuentos máximos en varios modelos y el intercambio de información sensible desde septiembre de 2012 a junio de 2013, empresas a las que ahora la sala de lo Contencioso-Administrativo levanta la sanción.

En marzo de 2015, Competencia impuso multas por un importe total de 9 millones de euros a 45 concesionarios de Toyota, Hyundai y Opel, los cuales formaban, según el organismo, varios cárteles en Madrid y Galicia.

Estas sociedades contaron, además, con la colaboración de ANT Servicalidad, una empresa especializada en servicios de atención al cliente, estudios de mercado y realización de evaluaciones de "comprador misterioso" para marcas de la automoción.

Una vez instruido el expediente, la CNMC estimó acreditado que los concesionarios de Toyota sancionados adoptaron e implementaron acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales, e intercambiaron información sensible relativa a los modelos Yaris Hibrido, Prius, Prius+, Auris Hibrido y Auris Gasolina/Gasoil.

Medida que fue recurrida de forma individual por estas empresas, a las que la Audiencia Nacional ratifica las multas, cuyo importe medio supera los 100.000 euros.

En nueve sentencias a las que ha tenido acceso Efe, los magistrados de la sala defienden que la CNMC actuó conforme a derecho, e insisten en que la documentación que obra en el expediente "clarifica de forma contundente la posición de las empresas en cuanto al conocimiento de la existencia del cártel y su participación en el mismo".

Para el tribunal, el correo remitido por el director comercial de ANT a los concesionarios involucrados, entre los que se encuentran A.E Llorente, Comauto Sur, M.Conde, Herbamotor, Hispano Japonesa Motor, Madrid Cars, Motor Arjona y Supra Gamboa, es el principal elemento de prueba.

El texto muestra, entienden los jueces, el concierto entre ellos, que acudieron, al menos, a una reunión en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid con ANT, empresa que tenía por objetivo "evitar la guerra de precios" con la "homogeneización de descuentos máximos consiguiendo con ello...incrementar el margen comercial por vehículo vendido", como rezaban algunas de sus propias comunicaciones.

Sin embargo, la sala no percibe esa misma claridad en el caso de los concesionarios de Hyundai, sancionados por la CNMC por restringir la competencia en el mercado de la distribución de vehículos a particulares y pymes en los modelos i30, ix35 y Santa Fe.

A diferencia de los de Toyota, no se acredita la presencia de éstos en la reunión de septiembre de 2012 donde se gestó la formación del cártel, "y tampoco se revela la existencia de correos o contactos entre los distintos concesionarios".

Por ello, aunque "aparecen elementos que pudieran hacer pensar" en una posible alianza anticompetitiva, no se puede probar la participación de Motor Gamboa, Rocal Automoción, Zonauto Sur, Cobendai, Iberdai Motors, Liderdai, Santón Oliva y Yuncar Motor, concluyen las sentencias, que anulan sanciones que oscilaban entre los 58.000 y los 262.000 euros.

Las multas de la CNMC también afectaban a 23 concesionarios de Opel por fijación de precios e intercambio de información en distribución a particulares de vehículos de los modelos Astra, Zafira, Insignia y Mokka, sobre las que la Audiencia Nacional ya ha comenzado a pronunciarse.

En una de ellas, la relativa a Centro Sur de Automóviles, los magistrados anulan la resolución de Competencia que castigaba a la sociedad con 85.652 euros, pues aunque aparece en los primeros estudios de mercado de ANT, ni se han encontrado facturas a su nombre ni comunicaciones que muestren su vinculación.

También estima el recurso de Autotodo, si bien de forma parcial en tanto que obliga a la CNMC a recalcular la multa de 319.948 euros y acotarla al periodo en el que formó parte del cárcel, entre marzo de 2011 y junio de 2013, en un veredicto que, como el anterior, cuenta con el voto particular del magistrado Santiago Pablo Soldevila Fragos.