El Gobierno ha aprobado este martes dos decretos que desarrollan la Ley de Auditoría de 2015 y modifican los planes de contabilidad que rigen a las empresas, para adaptarlos a la normativa europea, especialmente en materia de transparencia, y generar una mayor confianza en el mercado español.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ambos textos incluyen "elementos técnicos que refuerzan el sector empresarial, ofreciendo certidumbre y mejorando la reputación y confianza de los inversores en nuestro tejido productivo".

Tal como ha avanzado Montero, el primero de ellos establece el reglamento de desarrollo de la Ley de Auditoría, detallando "las condiciones, requisitos y formalidades" que tienen que cumplir los profesionales de este campo.

Asimismo, desarrolla un régimen sancionador, y mejora la transparencia en la función supervisora que se atribuye al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Para Montero, la auditoría de cuentas "cumple una importantísima función pública", por lo que es necesario "mantener un marco normativo que se esté modernizando y se enmarque en el contexto de la normativa europea".

Una modificación que busca "ofrecer confianza a las empresas que son auditadas y, sobre todo, a las empresas terceras que actúan en el mercado y confían en la información que ofrecen a los auditores".

Este "reglamento" también detalla los mecanismos para evitar conflictos de intereses o dar a conocer la documentación que se elabora por trabajos de auditoría.

En este sentido, se obligará a emitir "un informe anual de transparencia para auditores de entidades de interés público".

El segundo decreto tiene como misión actualizar los planes de contabilidad del sector empresarial, un "paso importante en la estrategia de convergencia del derecho contable español con las normas financieras internacionales y, en particular, con las europeas", ha dicho Montero.

El texto aprobado permitirá a las sociedades de grupos cotizados aplicar en sus cuentas anuales un marco de información financiera que sigue criterios contables internacionales. EFE