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Anfac y Faconauto piden 340.000 puntos de recarga eléctricos para 2030

La red de recarga pública para vehículos eléctricos en España es insuficiente (hay 11.517 puntos) y está mal repartida, por lo que las patronales de fabricantes Anfac y de concesionarios Faconauto han pedido hoy al Gobierno que se fije mayores objetivos y se dote de herramientas más ambiciosas para que en 2023 se llegue a los 70.000 puntos, en 2025 a los 100.000 y en 2030 a los 340.000.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 12:22

La red de recarga pública para vehículos eléctricos en España es insuficiente (hay 11.517 puntos) y está mal repartida, por lo que las patronales de fabricantes Anfac y de concesionarios Faconauto han pedido hoy al Gobierno que se fije mayores objetivos y se dote de herramientas más ambiciosas para que en 2023 se llegue a los 70.000 puntos, en 2025 a los 100.000 y en 2030 a los 340.000.

El director general de Anfac, José López-Tafall, y la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, Marta Blázquez, han presentado hoy el "Mapa de Infraestructuras de Recarga de Acceso Público de España", del que han destacado que es una herramienta "constructiva" para "empujar" la descarbonización que el Gobierno se ha fijado en el Plan nacional integrado de energía y clima (PNIEC).

Según López-Tafall la inversión conjunta que habría que hacer para llegar a esos 340.000 puntos en casi una década sería de 5.500 millones de euros, una cifra que no ha concretado cómo debería repartirse entre los diferentes actores.

De acuerdo con el Mapa de las patronales, actualmente el 83 % de los puntos de recarga pública es de carga lenta, igual o inferior a 22 kW.

España está a la cola de los países europeos en número de puntos de recarga públicos por millón de habitantes, con 245. Solo está por debajo Grecia, con 29, mientras que la media comunitaria es de 573.

El podio a tres lo completan Países Bajos (con 4.760 puntos), Noruega (3.588) y Suecia (1.354). Francia tiene 686, Alemania 567, Reino Unido 497, Portugal 322 e Italia 312.

Para reducir esta "brecha", Anfac y Faconauto piden al Gobierno que establezca una hoja de ruta que elimine barreras para su instalación y con objetivos vinculantes: 68.997 puntos (frente a los entre 60.000 y 100.000 que se ha fijado el Ejecutivo) en 2023, 110.000 en 2025 y 339.998 en 2030 (cuando desde el Estado prevén 250.000-300.000)

De los casi 70.000 puntos de 2023, 65.482 tendrían menos de 50 kW y 200 más de 250 kW distribuidos entre los principales corredores de comunicación (uno cada 100 km). A cierre de 2025 serían, respectivamente, 101.805 y 692; y 307.659 y 3.121 en 2030.

Para favorecer su despliegue (especialmente de los más de 250 kW) las patronales plantean 16 medidas de impulso. Entre ellas destacan que los puntos sean reconocidos de interés público, que haya ayudas, que se pongan en autopistas y autovías, que haya transparencia de costes y de la capacidad de consumo de la red de distribución, recarga inteligente en los edificios, interoperabilidad para el pago, un registro de todos y un mantenimiento adecuado.

Esto permitiría que el parque de turismos electrificados, que en 2020 fue de 86.621 unidades, se multiplicará por treinta y cinco en 2030 y ascendiera a las más de tres millones de unidades que plantea el Gobierno. Con ello la cuota de estos vehículos pasaría del 4,85 % de 2020 al 40 % en 2030.

Al respecto, Blázquez ha dicho que la industria está haciendo "los deberes", ya que en 2010 solo había a la venta 10 modelos de eléctricos y 2 híbridos enchufables (PHEV), que en 2020 han pasado, respectivamente, a 76 y 77.

Asimismo ha asegurado que de los 77 eléctricos y 84 PHEV que se matricularon en 2010 se ha saltado a 17.295 y 23.301 unidades, respectivamente, en 2020.

Otro dato que ha resaltado es que mientras que en 2010 en España solo se producía un modelo eléctrico (se fabricaron 69 unidades), en 2020 la cifra fue de 6, a los que hay que sumar otros 5 modelos PHEV, que tuvieron una producción conjunta de 139.957 unidades.

Según López-Tafall, los objetivos que plantean son muy ambiciosos, pero son necesarios para cumplir con las estrategias de la Unión Europea (que las emisiones de CO2 de los turismos en 2025 sean un 15 % inferiores a las de 2021 y un 37,5 % más bajas en 2030 respecto a 2021) y del Gobierno de España (que los vehículos nuevos que se vendan en 2040 emitan 0 emisiones de CO2).

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