Varias empresas acordaban supuestamente la cuantía de las ofertas para excluir a competidores

La empresa de ingeniería Sener, en Getxo (Vizcaya), ha sido registrada este martes por la Guardia Civil en relación con el caso del 3%, de presunto pago de comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de adjudicaciones públicas, dentro de una investigación de un cártel de empresas que supuestamente se habrían beneficiado del reparto de licitaciones de la Generalitat de Cataluña. Al parecer, compañías privadas acordaban supuestamente la cuantía de las ofertas para excluir a competidores.

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que el operativo, relacionado con la supuesta comisión de una serie de delitos contra la Administración pública, se ha realizado en el marco de unas diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La investigación partiría de las operaciones relacionadas con la investigación del 3% de CDC, y, tras analizarse los correos electrónicos de uno de los investigados durante los años 2008 a 2011, se determinó la posible existencia de un cártel.

Al parecer, supuestamente varias empresas privadas, que habrían actuado, según las mismas fuentes, "en connivencia con el sector público de la Generalitat de Cataluña", se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas.

Esas empresas privadas supuestamente habría acordado la cuantía de las ofertas a presentar en las licitaciones con el objetivo de excluir a competidoras que no participaban en ese pacto. La investigación habría conseguido demostrar "la participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en el entramado corrupto".

REUNIONES

Además, se está investigando "el posible direccionamiento irregular" de numerosos expedientes de contratación pública y, en este sentido, se habrían constatado reuniones entre los adjudicatarios y responsables de la adjudicación.

Estas investigaciones han derivado en la citación judicial en calidad de investigación de 15 personas y, además, se ha ordenado el registro en 9 sedes empresas, la mayoría catalanas, una de las cuales tenía también sede en Sevilla.

En el marco de lo operación, se ha enviado un requerimiento a la Autoridad Catalana de la Competencia con el objetivo de que dé cuenta de sus actuaciones respecto a las empresas supuestamente involucradas.