El Gobierno prevé extender hasta 2026 el proceso de revisión del gasto público y ampliar las competencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con la creación de una división permanente dedicada a esta materia, algo demandado de manera reiterada por la institución.

Según recoge el componente 29 del Plan de Recuperación, dedicado a la mejora de la eficacia del gasto público, el Ejecutivo va a ampliar el estatuto de la AIReF para crear una división de revisión del gasto "dotada con todos los recursos necesarios".

Esta nueva competencia había sido reclamada por la AIReF, que actualmente no tiene capacidad para decidir qué materias de gasto analiza, sino que depende de los encargos del Gobierno.

Además, el Plan prevé lanzar un nuevo proceso plurianual de revisión del gasto público 2022-2026 para "dar continuidad" al que acaba este año, que se desarrollará en fases anuales, cada una centrada en las áreas que determine el Gobierno.

AYUDAS A EMPRESAS Y RESIDUOS URBANOS

El documento recoge también la fase tres del "spending review" (revisión de los gastos) 2018-2021, que se desarrollará este año, y que abordará las ayudas a empresas por parte del sector público y la gestión de residuos urbanos.

El Gobierno enmarca la revisión de la efectividad de las "líneas de préstamos ayudas y demás instrumentos financieros al tejido empresarial" en el actual contexto de crisis, en el que el sector público ha hecho "una apuesta decidida" para ayudar a las empresas con avales, garantías y otras medidas.

El texto especifica que algunos de estos instrumentos tienen "vocación estructural", como los de internacionalización, investigación o digitalización, por lo que resulta conveniente evaluarlos "para conseguir reforzarlos y situarlos en el centro de la política económica".

Con el objetivo de incorporar las recomendaciones derivadas de las revisiones del gasto, el Ministerio de Hacienda pondrá en marcha una estructura permanente de seguimiento, estudiará las posibles medidas a implementar en los Presupuestos y fijará plazos temporales para que los destinatarios de las recomendaciones cumplan con ellas o expliquen las razones del incumplimiento. EFE