Activistas del derecho a la vivienda, socios de investidura del Gobierno y el socio de coalición de Pedro Sánchez, Unidas Podemos, han reclamado este jueves en el Congreso que el Ejecutivo no recurra la limitación del precio del alquiler en Cataluña y, por contra, lo extienda al resto del país.

El madrileño Sindicato de Inquilinas y el Sindicat de Llogaters catalán han acudido a las puertas de la Cámara Baja para reclamar que Sánchez cumpla el acuerdo de gobierno y limite los precios, después de que el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, dejase abierta la posibilidad de recurrir la ley catalana.

Iceta aseguró ayer en el hemiciclo, en respuesta a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que si sus servicios jurídicos consideran que una ley autonómica vulnera el marco competencial el Ejecutivo está obligado a interponer recursos y no puede "mirar a otro lado".

"No tiene ningún sentido que justo ahora el Gobierno del Estado pretenda impugnar este avance", ha denunciado ante los medios Jaime Palomera, miembro del Sindicat de Llogaters, que cree que, por contra la regulación se debe extender al resto del país porque, ha asegurado, está permitiendo reducir el precio sin disminuir la oferta.

Los activistas han recibido el respaldo de diputados de Unidas Podemos, En Comú Podem, Más País, Compromís o JxCat, defensores de una regulación que partió de una iniciativa ciudadana y que obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con "tensión" residencial. La norma, aprobada el pasado mes de septiembre, fue recurrida al Tribunal Constitucional por el PP.

Sofía Castañón, diputada de Unidas Podemos, ha asegurado que su grupo se opone a un recurso de inconstitucionalidad y ha reclamado que se regule cuanto antes el precio del alquiler en el resto del país.

A los activistas por la vivienda les causa "estupor" que el Gobierno "tenga la ley de vivienda en un cajón desde hace meses" y ahora "insinúan o amenazan" con "tumbar" la norma catalana y creen que este paso, de darse, se debe a las "enormes presiones" que desde hace "meses y años" ejercen los "fondos buitre".

"Un Gobierno que se dice a sí mismo progresista tiene que demostrar que no va a ceder a esas presiones y que va a tomar nota de la ley de Cataluña", ha reclamado Palomera, que ha admitido que cuando se protege los "derechos de una mayoría social", reduciendo el precio y alargando la duración de los contratos, se limitan "los beneficios de algunos sectores minoritarios". EFE