El grupo del PSOE en el Senado ha presentado una enmienda al proyecto de ley por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia. Lo sorprendente es que esa enmienda no tiene nada que ver con el Covid-19 y supone una modificación de la ley de Propiedad Intelectual, cambiando el sistema de aprobación de las tarifas de gestión de derechos de autor. Esta maniobra la están llevando a cabo los socialistas en el Senado sin consultar a los diferentes agentes del sector cultural, lo que ya ha provocado la queja de entidades como la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que solicita la retirada de esta reforma legal.

La AERC es la asociación que agrupa a nivel nacional a la práctica totalidad de las emisoras de radio comercial en España, desde las grandes cadenas como COPE, SER, Onda Cero o Kiss, hasta multitud de pequeñas y medianas emisoras locales y autonómicas. La Asociación Española de Radiodifusión Comercial deplora que se emplee una vía tan poco ortodoxa para cometer una reforma de tanto calado y de especial interés tanto para las entidades como para los usuarios (emisoras de radio, organismos de televisión, universidades, centros de enseñanza, teatros, salas de cine, ayuntamientos, museos, archivos, bibliotecas, etc).

Además, se trata de una enmienda presentada a un proyecto de ley tramitado mediante el procedimiento de urgencia y que no guarda relación con la materia. Esta forma de proceder está privando a los sectores afectados de la posibilidad de participar en un trámite de consulta pública o información pública. Desde la AERC se defiende firmemente que, en una materia tan sensible y que ha dado lugar a tantos conflictos como es la de las tarifas de las entidades de gestión, las modificaciones se deben canalizar a través del procedimiento legislativo ordinario, y en un debate parlamentario pleno y sosegado en ambas cámaras.

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios y a los ministerios afectados expresando su preocupación por la forma extemporánea de abordar este problema y por las soluciones propuestas, enviando las alegaciones y correcciones al proyecto que en su criterio deben hacerse. La AERC no ha sido consultada sobre la conveniencia de la modificación que se pretende.