La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha sido la protagonista destacada de este jueves, y no precisamente por algún motivo acertado o que merezca ser celebrado, sino por todo lo contrario. La ministra ha dicho que la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza no es "emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución", lo que ha provocado las reacciones inmediatas de los colectivos educativos.

Las palabras de la Celaá tenían lugar durante la inauguración del XV Congreso Escuelas Católicas que se celebra hasta el sábado en Madrid, y en el que se dan cita más de 2.000 directores, profesores y titulares de centros educativos católicos. Un sector, por cierto, que representa el 15% del total del sistema y el 58% de la enseñanza privada-concertada.

Las sorprendentes palabras de la ministra, no por su mensaje, sino por el contexto en el que lo hacía, no son el primer ataque del gobierno socialista a la escuela concertada. Los dardos no han cesado de lanzarse desde que Sánchez accediese a la Moncloa a través de la moción de censura. En ese transcurso de tiempo, y con dos elecciones generales celebradas, los mensajes no han hecho más que incrementarse, aún más si cabe, con la cercanía a postulados cada vez más extremistas como los que defiende Podemos.

Mucho tiempo ha pasado desde que el gobierno socialista de Felipe González creó los colegios de iniciativa privada sostenidos por impuestos en 1985 por medio de la LODE o Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación. Una iniciativa que nació fruto de una falta de recursos por parte del Gobierno para mantener la educación pública y que Pedro Sánchez ha utilizado recurrentemente como un pilar estratégico de ataque, desde que la ministra de Educación, Isabel Celaá, lanzara el primer aviso a la concertada en julio de 2018.

PRIMEROS ATAQUES

Nada más conformarse el Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, ya fue el primer dardo del nuevo ejecutivo socialista. Una claro mensaje, bien definido, contra el artículo de la Lomce de “demanda social” que preveía un incremento de las plazas en el caso de que aumentara la demanda. En palabras de la ministra, esta “demanda social” discriminaba a la educación pública.

Una reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que se hizo efectiva el pasado febrero de 2019 junto con un ataque a la asignatura de Religión. En 2013 la ley establecía Religión como una asignatura "específica" en  Primaria y Secundaria, optativa y evaluable en estas dos etapas educativas. En Bachillerato, por su parte, era una asignatura ponderable como “específica”. Tras la reforma del Gobierno, Religión dejó de ser una asignatura ponderable y quedaba sustituida por otra sobre valores éticos y cívicos.

PROGRAMA ELECTORAL DEL 28-A

Más recientemente, una de las últimas maniobras del PSOE en el terreno de la educación concertada venía recogida en su programa electoral de cara a las elecciones generales del pasado 28 de abril. La propuesta consistía en prohibir la educación diferenciada por sexos. “Prohibiremos la escolarización con criterios de segregación en los centros sostenidos con fondos públicos”, aparecía en el programa socialista, además de introducir “la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista”.

Otro de los muchos desplantes de Sánchez a la concertada ocurrió por partida doble. El líder socialista evitó reunirse con la concertada en la ronda de conversaciones con la comunidad educativa, mientras a su vez los gobiernos socialistas otorgaban las consejerías y competencias en Educación a los partidos que les permitieron gobernar en comunidades autónomas como Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra.

LAS 370 MEDIDAS

Más tarde, en septiembre, el PSOE publicó una lista de 370 medidas con las que pretendía seducir a Unidas Podemos y facilitase un acuerdo de investidura. Entre estas medidas, había ciertos puntos que se centraban en atacar a la Iglesia, y hablaban de lo que llaman "segregación educativa por razón de sexo", es decir, de la educación diferenciada, entre otras cosas.

No se mencionaba la asignatura de religión -a pesar de que Podemos sí que lo hiciera en su propuesta- pero sí que se mencionaba la educación diferenciada. Concretamente en el punto número 81, el PSOE aseguraba que "impediremos la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos, mediante las modificaciones normativas que sean necesarias".

Con "esos centros" se referían a los colegios concertados que apuestan por la educación diferenciada en España. Centros que pertenecen en su mayoría a realidades de la Iglesia y que muchos españoles eligen libremente para educar a sus hijos.

AVALADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Además, el Tribunal Constitucional avaló que la educación diferenciada acceda a los fondos públicos.

La educación diferenciada está avalada por la Constitución en dos artículos. El 27.2 señala que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". El artículo 27.3 afirma que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".