El Gobierno Vasco ha presentado alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre la constitucionalidad de un artículo de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi en las que asegura que en él no se establece una prevalencia del euskera sobre el castellano en su uso en los ayuntamientos.

El Departamento vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno ha dado a conocer el contenido de las alegaciones que ha presentado ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, después de que el alto tribunal vasco haya remitido a las partes una providencia para que aclaren sus posturas antes de adoptar una decisión sobre el recurso presentado por Vox contra un decreto que aplica lo regulado por la Ley de Instituciones Locales de Euskadi.

En sus explicaciones, el Gobierno Vasco argumenta que el artículo 6.2 de esta ley, aprobada por el Parlamento Vasco en 2016, no contraviene la Constitución al regular el uso de las dos lenguas oficiales en Euskadi ya que no limita el uso del castellano ni supone una carga para quienes no conocen el euskera.

En ese artículo se regula la lengua en que podrán ser redactadas las actas y los documentos emitidos por las entidades locales.

La Sala del tribunal considera que la ley impide presuntamente el derecho constitucional a utilizar el castellano libremente por los miembros de las entidades locales, mientras que el Gobierno Vasco recuerda que el Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que las entidades locales pueden utilizar tanto el euskera como el castellano con normalidad en sus relaciones internas o en sus comunicaciones con los ciudadanos.

Recalca en las alegaciones que en la ley se establece que los ayuntamientos que opten por la usar el euskera deben arbitrar los "mecanismos pertinentes" para que se haga efectivo también el derecho de la ciudadanía a recibir tales comunicaciones en castellano.

El Departamento de Autogobierno indica que fue justamente esto "lo acordado por la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y el País Vasco" en enero de 2017 y que ello evitó la interposición por parte del Gobierno español del PP de un recurso de inconstitucionalidad.

En cuanto a las dudas del TSJPV sobre la presunta limitación al uso del castellano, el Gobierno Vasco considera que el alto tribunal "realiza consideraciones descontextualizadas", lo que causa "confusión" y le lleva a plantear una posible inconstitucionalidad.

El Ejecutivo autonómico insiste sin embargo en que el artículo 6 "hace un reconocimiento expreso de la posibilidad de utilizar tanto el euskera como el castellano como lengua de tramitación y como lengua de servicio a la ciudadanía". EFE

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