La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha defendido hoy la incautación de los teléfonos de dos redactores por orden del juez de Palma que instruye el caso Cursach, medida que las empresas afectadas y las asociaciones de periodistas consideran una vulneración del secreto profesional.

Segarra ha asegurado que los jueces y los fiscales velan por la libertad de expresión y también por el secreto de las fuentes periodísticas y ha dicho no estar preocupada por si se ha vulnerado el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión e información.

La fiscal ha recibido esta mañana de manos de varias periodistas una carta firmada por más de 200 informadores que le reprochan haber avalado una "intromisión intolerable e inédita" en el derecho a la información al apoyar la incautación de teléfonos y ordenadores de redactores de Diario de Mallorca y Europa Press.

Los firmantes, de distintos medios y provincias, se declaran "sumamente alarmados" porque consideran que lo ocurrido ayer es "un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna".

El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, ha explicado a Efe que advirtió de que requisar móviles y ordenadores de los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca podía ser "delicado" si afectaba al secreto profesional, pero le indicaron que Anticorrupción lo había estudiado "profundamente" y había llegado a la conclusión de que no lo vulneraba.

La Fiscalía Anticorrupción ha confirmado que su máximo responsable, Alejandro Luzón, lo abordó con el fiscal balear Joan Carrau y apoyó su decisión, que ejecutaron ayer agentes de la Policía Nacional que, además de los teléfonos, se llevaron dos ordenadores de Europa Press, mientras que la dirección de Diario de Mallorca se negó a facilitárselos.

A mediados de octubre los investigadores también requirieron con una orden judicial a la delegación de la Agencia Efe en Baleares la entrega de un informe policial sobre la actividad tributaria del grupo de empresas de Bartolomé Cursach, encausado por presunta corrupción, que se había publicado en julio. Efe les facilitó el documento sin desvelar su fuente.

En contra del criterio de la Fiscalía y de la actuación judicial se han manifestado distintas organizaciones profesionales tanto de ámbito estatal como de Baleares, donde el sindicato y la asociación de periodistas de las islas han convocado para mañana, en la plaza de Cort de Palma, una concentración en defensa del secreto profesional.

Los trabajadores del Diario de Mallorca se han concentrado esta tarde exhibiendo sus móviles ante la sede del periódico y los servicios jurídicos del grupo editor, Prensa Ibérica, están preparando una querella criminal para defenderse de lo que considera una "coacción intolerable".

El abogado y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Carlos Sánchez Almeida, ha asegurado que la incautación de los teléfonos a los dos periodistas podría provocar la nulidad de todo el sumario al quebrantarse derechos fundamentales.

Tras calificar de "manifiestamente inconstitucional" la actuación judicial, este experto ha recalcado, en declaraciones a Efe, que el investigado "por definición" tiene derecho a no colaborar con la Policía. "Eso no deja de ser un interrogatorio policial sin formalidades y precisamente por eso es nulo y no va a tener ningún valor", ha opinado Sánchez Almeida.

Para la profesora de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Pilar Cousido la actuación del juez es "desafortunada" y supone un "exceso enorme" que contradice el artículo 20 de la Constitución que protege la libertad de expresión e información.