El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha confirmado hoy que se va a "seguir muy fielmente" a la directiva europea de derechos de autor en la trasposición que se haga a la normativa española, aunque no será "una traducción literal" del texto aprobado por la Comisión Europea en 2019.

Así lo ha dicho Iceta durante la rueda de prensa que ha ofrecido esta tarde junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras el encuentro que ambos han mantenido en Mérida.

"Vamos a seguir muy fielmente lo que se acordó en la Unión Europea, por un respeto al trabajo de otros, si no recuerdo mal la elaboración de la directiva europea tomó cinco años y sería una presunción decir que nosotros con esos cinco años de labores hacemos mangas y capirotes y nos inventamos otra cosa", ha manifestado Iceta acerca de esta trasposición que, según confirmó esta semana, será aprobada como Real Decreto en el Consejo de Ministros del próximo martes 2 de noviembre.

En este sentido, el titular de Cultura, ha expresado que no puede "explicar la literalidad concreta" de la nueva normativa española porque aún tiene que pasar por una subcomisión.

"Vamos a seguir en la mejor disposición los criterios europeos y lo que nos preocupa es que haya una protección real de los derechos de autor, porque si no hay autores y creación no hay cultura; y los que creemos que la cultura es un derecho tenemos que esforzarnos en que los creadores puedan vivir de su labor y esfuerzo, y eso implica que vean reconocidos y protegidos sus derechos de autor", ha matizado.

A falta de menos de una semana para conocer el texto definitivo, colectivos como "Seguir creando en digital" solicitan al Gobierno que la trasposición de la directiva europea sobre derechos digitales incluya, algo que no tiene en cuenta la directiva europea, una "tarifa legal" por considerar que es la "única forma de gestión eficiente entre titulares de derechos y plataformas tecnológicas".

Es decir, lo que piden es que se establezca esta "tarifa legal" por la utilización de estos derechos de autor y el porcentaje que corresponde a los autores y a los editores.

Todo ello con el fin de "garantizar desde el inicio unos ingresos mínimos para todos los titulares, promover la libre competencia en el mercado digital y evitar controversias en la aplicación del derecho que conllevaría recurrir a la intervención de, al menos, la Comisión de Propiedad Intelectual".