Denunciar las malas prácticas en torno al patrimonio común de los restos de las naves hispánicas sumergidas será el objetivo principal del nuevo Observatorio creado para su protección, que surge tras el simposio organizado en el Museo Arqueológico Nacional sobre la situación del galeón San José.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de grandes especialistas de toda Iberoamérica, tiene como objetivo proteger este patrimonio "en peligro" y cuenta con una página web (www.observatoriogaleones.com), en la que se informa sobre la situación del patrimonio cultural subacuático, con especial énfasis en el galeón San José, hundido en 1708 en Cartagena de Indias.

El manifiesto del Observatorio del Patrimonio Subacuático Común y Compartido, facilitado hoy a Efe, denuncia que "todo rescate en el que primen los resultados económicos sobre la conservación del patrimonio arqueológico no es científico, cultural ni éticamente asumible" y añade que a las empresas que participen se les negará el calificativo de "industria cultural".

Además se solicita en el manifiesto que sean considerados expoliación los restos arqueológicos extraídos por medio de metodología "no científica" y que la comercialización de bienes culturales extraídos del océano sin acreditación de su origen y legalidad sean tipificados como "tráfico ilegal de bienes culturales".

Este Observatorio surge tras un simposio organizado el pasado 11 de julio en el Museo Arqueológico Nacional, en el que historiadores, arqueólogos y juristas decidieron denunciar el proyecto de recuperación del Gobierno colombiano del galeón San Jose, hundido en 1708 en Cartagena de Indias.

El rescate, que tenía previsto realizarse con una empresa de cazatesoros para vender la mitad de la carga, fue suspendida poco antes de que el ahora expresidente Juan Manuel Santos dejara la Jefatura del Estado.

Desde el hallazgo, existe un contencioso entre España y Colombia por la titularidad del galeón, ya que el Gobierno español aduce que la Unesco le ampara al tratarse de un "barco de Estado", mientras que el Gobierno de Juan Manuel Santos defendía que el tesoro era colombiano.