Los productores de cine españoles han cerrado filas contra la Ley Audiovisual, que hoy avanza en el Congreso hacia su recta final, y que según ellos tiene una nueva redacción que favorece aún más "la concentración inmediata de la industria", va contra la producción independiente y arriesga 25.000 empleos.

La totalidad de las asociaciones que representan la producción audiovisual española, "por primera vez en mucho tiempo" se han unido para enviar un burofax a los portavoces parlamentarios en el Congreso que hoy emiten un dictamen en la Comisión de Economía sobre el informe en ponencia, para que luego el texto pase a ser votado en pleno en el Congreso y el Senado.

Hace tiempo que las asociaciones agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (P.A.P) y en PATE Productores audiovisuales vienen advirtiendo de que la nueva ley que debe trasponer la directiva audiovisual consigue "definitivamente alejarnos" de los países del entorno "sumiendo a la cultura audiovisual y a la producción independiente a una crisis inmediata y casi definitiva".

Ellos confiaban en el trámite de enmiendas, pero encuentran "singularmente grave" la modificación 790, del grupo parlamentario socialista que, "con la justificación de una mejora técnica", añade un nuevo matiz a la definición de productor independiente.

En concreto, se habla de la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual y que asume la iniciativa, coordinación y riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, "por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho (antes se decía "un") prestador del servicio de comunicación audiovisual".

Según el análisis de los servicios jurídicos de los productores, esta modificación aparentemente mínima "implica un cambio de enorme calado con consecuencias muy graves, tanto para la producción independiente, como para el sector en su conjunto y la diversidad y creatividad de producción europea".

Así, modifica la obligación general de no vinculación con un prestador "y permite que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes solo contratando de forma cruzada con otros prestadores del servicio de comunicación audiovisual".

Es decir, las productoras vinculadas a un proveedor de servicios de comunicación tendrán la consideración de independientes cuando produzcan para otros proveedores de servicios de comunicación "compitiendo de forma desleal y con injusta ventaja con los verdaderos productores independientes".

Para ellos, así se impulsa la "concentración inmediata de la industria, en el duopolio televisivo actual y en el medio plazo en las grandes plataformas internacionales" y "la deriva al pensamiento único desde el punto de vista de la diversidad cultural".

Pero además del impacto cultural, afirman que "con esta concentración se ponen en riesgo más de 25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar los 7.000 restantes", además de que "deja indefensos al talento y a los creadores frente a grandes conglomerados corporativos".

ACUERDO CON EL PNV

El pasado lunes el PNV anunció que había acordado el proyecto de Ley Audiovisual con el Gobierno al conseguir incorporar 45 de sus enmiendas, en el sentido de conseguir dar la vuelta "a riesgos muy importantes" para el autogobierno vasco que tenía el proyecto "absolutamente centralista" presentado por el Ejecutivo.

Entre otras cosas, se garantiza que cada una de las tres lenguas cooficiales tendrá al menos el 10 % de las emisiones que TVE tiene que hacer en euskera, gallego o catalán (lo que evita el riesgo de que ese cupo fueran únicamente en catalán por ser el que tiene más audiencia) y el doblaje al euskera de los contenidos de los canales infantiles de TVE.