Se podrá decir más alto pero no más claro. Fomento del Trabajo, la mayor patronal catalana, califica la ley del referéndum en Cataluña como “un golpe de Estado jurídico contrario al derecho interno e internacional”. Además considera que es una irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles. Los empresarios catalanes entienden que es legítima la aspiración a la singularidad política en Cataluña, pero recuerdan que el derecho internacional no ampara el referéndum del proximo primero de octubre porque solo se reconoce el derecho de secesión en procesos descolonizadores o en situaciones de grave vulneración de los derechos humanos.De esta forma, la voz de los empresarios catalanes se suma a las que en los últimos días han hecho una invitación a la cordura dentro de los principios de la democracia y de la legalidad vigente. El empeño del bloque secesionista de Junts pel Si y la CUP de llevar a las instituciones políticas catalanas fuera de la ley, se topa con la oposición cada vez más nítida de una parte no desdeñable de la sociedad civil. Una sociedad que reclama negociación y diálogo y que vive atenazada por la cerrazón política de sus dirigentes. Esta cerrazón pasa ahora por eludir el debate parlamentario de las leyes de desconexión, algo que el Consejo de Estado ha considerado como grave vulneración del derecho de participación política.