A la vista del sesgo violento que está adquiriendo el intento secesionista en Cataluña, se plantea la paradoja de que mientras la Constitución se sustenta sobre la indisoluble unidad de la nación española, gozan de plena legitimidad partidos que propugnan la independencia e incluso buscan la ruptura del sistema democrático. La gran pregunta es hasta qué punto la propia democracia puede dejar abierta la puerta a quienes proponen destruir el sistema jurídico-político que la sustenta.

Algunos países de nuestro entorno europeo no permiten la actuación de partidos que propugnen la secesión de una parte de su territorio. Otros han aprobado leyes de defensa de la democracia que suscitan no pocas reservas desde el punto de vista de las libertades. La opción de nuestra Constitución consiste en asegurar, por un lado, el fundamento de la unidad nacional, y por otro, permitir el máximo de libertad en el debate político, ofreciendo además un mecanismo de reforma constitucional.

Ahora puede parecer contradictorio que hayan podido gobernar en Cataluña partidos en cuyo programa figura la separación de España, pero hay que señalar que se han topado con el límite infranqueable de la ley cuando han pretendido violentarlo. La vía debe seguir siendo la misma: máxima libertad para el debate político y absoluto respeto a la legalidad.

En todo caso es un momento propicio para que todos tomemos conciencia del valor de nuestra democracia, que para sostenerse necesita, además de las leyes, el protagonismo de una sociedad viva.