La ex diputada de la CUP, Anna Gabriel, ya ha confirmado que no comparecerá mañana ante el Tribunal Supremo para declarar en la investigación sobre el proceso de secesión. Se queda en Ginebra y se convierte en el sexto fugado de la justicia. La ciudad suiza ha sido cuidadosamente escogida porque los ciudadanos europeos se benefician en ella de la libre circulación de personas pero no es posible a la Justicia recurrir a una eurorden. Eso le permitirá a Gabriel, al menos durante un tiempo, no rendir cuentas ante los tribunales españoles.

Todo el proceso secesionista fue impulsado durante años por sus promotores con una sensación de impunidad. Había cierto convencimiento de que algunas decisiones políticas quedarían al margen del Estado de Derecho. Son ya seis los fugados de la justicia. Entre los investigados que se han quedado en España dispuestos a colaborar y a defenderse ante los jueces, buena parte de ellos han negado que la declaración de independencia fuera real, y algunos se han mostrado dispuestos a obedecer el ordenamiento constitucional.

Ha quedado claro que la política no está por encima del Estado de Derecho. Ahora, como han pedido los obispos catalanes, “los parlamentarios elegidos deben impulsar los mecanismos democráticos para la formación de un nuevo Gobierno de la Generalitat”. La política no está por encima de la ley, la representación y el Gobierno de Cataluña no pueden quedar condicionados a la voluntad de torcer las decisiones judiciales.