Cuando el presidente Rajoy insiste en que no habrá referéndum en Cataluña, es muy consciente de los recursos del Estado para impedir la quiebra de la legalidad. Rajoy está cumpliendo con su obligación de defender la Constitución, inherente a su cometido como Jefe de Gobierno. Y ha puesto en marcha, sin alharacas, todo el aparato del Estado para garantizar el marco que protege nuestra convivencia en libertad. Ayer fue importante la intervención del Rey para advertir que la Ley prevalecerá ante cualquier intento de quiebra de la convivencia. También fueron significativas las palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al recordar, con una frase que se ha convertido ya en un axioma, que “respetar la ley no es una opción sino una obligación”. Vistas las secuencias del llamado “Procés”, resulta asombroso que los independentistas pueden seguir tejiendo una red de falacias que ha logrado envolver a una parte notable de la población, que no da crédito al Estado de Derecho, ni a la Unión Europea ni a la comunidad internacional. Todas estas instituciones vienen denunciando sistemáticamente lo que a todas luces es un golpe a la democracia. Por eso es imprescindible aplicar la ley con el respaldo político de la unidad de los principales partidos, para que este disparate no pueda prosperar. Serenidad, firmeza e inteligencia son cualidades necesarias para afrontar lo que va a ocurrir los próximos días. Es decisivo preservar un fondo de convivencia que facilite reconstruir después de la tormenta.