Con el voto favorable de Ciudadanos y el PNV, y la pactada abstención de los antiguos convergentes catalanes, el Gobierno sacó ayer adelante el Decreto de la estiba que da cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Después del varapalo del intento anterior, el pasado 16 de marzo, la aprobación del Decreto es un ejercicio de responsabilidad política, y evita además, entre otros efectos, una multa diaria de ciento treinta y cuatro mil euros a las arcas españolas. El consenso alcanzado deja en evidencia la situación del PSOE, incapaz de asumir su responsabilidad como partido de gobierno.Por su parte, los sindicatos agrupados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores del mar, amenazan con paralizar, a partir del próximo miércoles, los puertos españoles. En un sector estratégico para la economía como es el comercio marítimo, vital para nuestras exportaciones, no se pueden mantener privilegios atávicos que impiden aumentar la capacidad competitiva de nuestros puertos y abaratar el tráfico de mercancías en beneficio de empresas, consumidores y de los propios trabajadores. El Gobierno debe mantenerse firme frente a los chantajes y las amenazas de quienes subordinan el bien general a sus intereses gremiales.