Acogido por la mayoría de los franceses como el regenerador de la política y la economía del país, el presidente Emmanuel Macron no ha dejado de perder popularidad desde que asumió sus funciones con todo el fasto del viejo imperio napoleónico. En buena parte, su pérdida de estima se ha visto reflejada en los tensos debates registrados en los últimos meses a propósito de la reforma laboral que está dispuesto a aplicar, muy parecida a la que tanto desgaste ha costado al gobierno español. Ayer las calles de las principales ciudades francesas se llenaron por las movilizaciones de protesta de los sindicatos mayoritarios, especialmente el filocomunista CGT, contra una reforma que, en sustancia, viene a flexibilizar las condiciones de contratación y despido de los trabajadores por las empresas, además de limitar los acuerdos colectivos por sectores. Aunque la reforma va acompañada de unas cláusulas que dan más seguridades a los trabajadores en caso de indemnización por despido, los sindicatos se han opuesto frontalmente, igual que la mermada oposición parlamentaria. Para evitar más desgaste, el Gobierno ha decidido aplicar la nueva ley a través de “ordenanzas” o decretos, que en todo caso tendrán que se aprobados por la Asamblea Nacional, donde Macron dispone de una amplia mayoría. En realidad tanto Sarkozy como Hollande entendieron que una reforma de este tipo era imprescindible para desatascar la economía francesa y generar empleo, pero fueron incapaces de vencer el inmovilismo político y sindical. El desafío va a poner a prueba la estatura de Macron como gobernante.