El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha garantizado a los internautas que asistieron la semana pasada a la reunión convocada por la ministra de Cultura, que no apoyará “una ley especial para Internet”.
El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, se ha reunido en la sede del Partido Popular en Madrid con los blogueros e internautas que asistieron la semana pasada a la reunión convocada por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y les ha garantizado que no apoyará “una ley especial para Internet”.
Así, Javier Sanz, responsable de la página Web 'www.adslzone.net',y presente en la reunión, ha explicado que González Pons insistió en que “se deben proteger los derechos de los autores sin necesidad de que haya una Ley para Internet”. Asegurando que el PP está ‘preocupado’ con que se “hayan introducido de rondón la disposición final en el Anteproyecto de Economía Sostenible”.
En este mismo sentido, el 'popular' se ha mostrado confiado en que, en caso de que el Gobierno no modifique la disposición final del anteproyecto en el que se permite cortar Internet para salvaguardar la propiedad intelectual, esa disposición será eliminada durante la tramitación del proyecto en el Congreso de los Diputados. Ya que el PSOE no conseguirá los apoyos suficientes del resto de grupos.
Igualmente, González-Sinde ha asegurado a los internautas que no aprobará “la creación de una Coalición que se sabe que atribuciones tendrá”.
La ministra de cultura ha señalado que el objetivo es mantener un debate sereno que permita proteger la propiedad intelectual siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y es que tal y como ha afirmado “Internet es una gran oportunidad y el Gobierno lo ve como un problema”.
Además, González-Pons ha asegurado que “no se puede prescindir de la figura de los jueces tal como aparece en la disposición de la Ley de Economía Sostenible” para cerrar una página Web y abogó por destinar más medios a los cuerpos de seguridad del Estado para perseguir a los que hacen negocio con el trabajo de otras personas.