Como no podía ser de otra forma, la SGAE quiere pasar por encima de la ley (como actualmente ya hace con sus demandas) y sigue pidiendo que el proyecto de la ministra de Cultura, Ángelez González-Sinde, de cerrar webs sin necesidad de una orden judicial, salga adelante. Los propietarios de las páginas protestaron, Zapatero corrigió a Sinde, pero la SAGE insiste.
Finalmente, las quejas contra la polémica "Ley Sinde" llevó a cientos de personas a una concentración frente al Ministerio de Cultura para protestar y pedir la dimisión de la Ministra de Cultura. Ésta ha prometido seguir en su cargo y ha intentado defender su reforma.
La polémica es muy sencilla: según publica hoy el diario EL MUNDO, Sinde propuso, dentro de la Ley de Economía Sostenible, que fuera el Ministerio de Cultura el encargado de velar en Internet por la protección de derechos de autor. El asunto más espinoso es la creación de un órgano administrativo, que por supuesto dependería del Ministerio, para que actúe contra los portales piratas sin necesidad de control judicial previo. Es decir: la censura.
Obviamente, los autores y la SGAE están totalmente a favor, y las páginas afectadas, en contra. En caso de salir adelante, los trámites para poder cerrar más de 200 páginas web se agilizarían, aunque aún no está demostrado que sean ilegales. Ofrecen enlaces, pero no el archivo en sí, y la inmensa mayoría sin ánimo de lucro, cosa necesaria según la actual Ley de Propiedad Intelectual, para poder actuar contra ellas.
De hecho, ya ha habido sentencias eximiendo a portales con enlaces para descargas. Aún así, la SGAE y los autores siguen buscando fórmulas para poder cerrar páginas sin necesidad de que la Justicia, en España lentísima, dicte sentencia. Y ahí es donde entra en juego la reforma planteada por la Ministra: sin necesidad de la Justicia y con un órgano totalmente dependiente de Sinde, decidir quién debe ser cerrado y quién no.
