Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados defenderán el miércoles en la Comisión de Seguridad Vial de la Cámara Baja una iniciativa conjunta para pedir al Gobierno que anule la multa al conductor que haya sido sancionado por hablar por el móvil si instala, en el plazo de 30 días, un dispositivo de "manos libres" en el coche.
La proposición no de ley señala que, teniendo en cuenta que el número de conductores que utilizan el móvil al volante el móvil no deja de crecer desde 2003, los poderes públicos deben, más allá de la sanción económica, "buscar vías alternativas" que "permitan una verdadera modificación de las conductas que se pretenden eliminar". "Afortunadamente", indican, existen posibilidades tecnológicas que "permiten aceptar o rechazar una llamada, ordenar una marcación o reconocer quién nos llama sin levantar las manos del volante y sin perder de vista la carretera e, incluso, mantener una comunicación desde el automóvil sin que suponga ningún riesgo añadido al que ya supone mantener una conversación con un acompañante o escuchar la radio".
Por eso, los grupos parlamentarios entienden que, una vez que se sancione a una persona por utilizar de forma irregular el teléfono móvil, éste "pueda optar entre pagar la multa y evitar el pago de la misma si acredita ante la Administración emisora de la multa que ha instalado de forma permanente un dispositivo de 'manos libres'". De esta forma, al tiempo que el conductor recibe una sanción por la pérdida de puntos, se garantiza "el genuino carácter que toda multa: la erradicación de la conducta que está siendo sancionada", argumentan.
Los grupos piden al Ejecutivo socialista que promueva la instalación en los vehículos privados de este dispositivo de telefonía móvil, así como que introduzca ventajas fiscales en el impuesto de matriculación en aquellos vehículos nuevos que sean adquiridos con dispositivos permanentes de telefonía móvil "manos libres".
