El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia ha aprobado en su reunión de hoy el proyecto de ley " de muerte digna", medida pionera en Europa que tiene como misión principal hacer prevalecer los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, asi como el obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, inclusive la de orden religioso. El Cardenal de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo ha reiterado en Cope que la vida de una persona " es innegociable". Para el prelado sevillano " lo único digno es la vida y por ella hay que trabajar y luchar".
Andalucia apueba el proyecto de ley " de muerte digna"
El Gobierno andaluz ha aprobado el proyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso de la muerte, conocida como "ley de muerte digna", una medida pionera en España y una de las primeras en Europa. El texto no regulará la eutanasia (acto para provocar la muerte) ni el suicidio asistido (ayuda a la muerte de una persona, como ocurrió con el tetrapléjico Ramón Sampedro) pues son figuras tipificadas en el Código Penal sobre las que no puede legislar un gobierno autonómico.
Este proyecto de ley, que recientemente superó la fase de remisión al Consejo Consultivo de Andalucía, tiene como misión principal el hacer prevalecer los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, inclusive de orden religioso.
De esta forma, la futura ley solventa situaciones como la vivida en 2007 con Inmaculada Echeverría, cuando la Orden Hospitalaria San Juan Dios pidió su traslado del Hospital San Rafael de Granada, dependiente la citada orden religiosa y donde permanecía la enferma, a otro centro de titularidad pública y una vez se autorizó la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida. Con todo, hará prevalecer los derechos del paciente que exprese se deseo de limitar las medidas de soporte vital cuando éstas provoquen una obstinación o encarnizamiento terapéutico. Además, establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención.
El texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar también las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas. De igual modo, los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para evitar la obstinación terapéutica, así como la de ofrecer al paciente todas las intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cuidado.
De acuerdo con el proyecto de Ley, entre los derechos reconocidos se encuentra el recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con objetivo de ayudarle en la toma de decisiones. El texto regulará el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, al tiempo que garantizará los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si así lo desea la persona, en su propio domicilio y siempre que no estén contraindicados.
Esta normativa del gobierno andaluz cuenta con una amplia contestación social en Andalucia, donde diversos colectivos médicos, partidos politicos e instituciones como la Iglesia Católica se han mostrado en contra. En declaraciones a Cope, el cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo ha reiterado que la vida de una persona " es innegociable" y que " lo único digno es la vida, por la que hay que luchar y trabajar".
