Malcolm Turnbull, hasta el lunes líder del conservador Partido Liberal de Australia en la oposición, ha sido forzado a dimitir por su partido por haber intentado poner fin a la tradicional oposición de los liberales a las políticas climáticas de los laboristas en el gobierno. En su lugar, ha sido elegido Tony Abbott.
El nuevo jefe de la oposición dio inmediatamente instrucciones a sus senadores de votar al día siguiente en dicha Cámara en contra del proyecto de ley de medidas climáticas del gobierno dirigido por el líder laborista Kevin Rudd. La votación supuso el rechazo por un rotundo 41-33. El proyecto hubiese impuesto al Estado la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de la próxima década y habría creado un mercado de derechos de emisión de carbono, que hubiese sido el segundo en el mundo, tras el ya existente en la UE.
El primer ministro laborista ha hecho de la legislación climática uno de los ejes de su acción política; el pasado mes de agosto el Senado ya echó por tierra prácticamente el mismo proyecto que se ha votado el martes.
Con la aprobación de este programa contra el cambio climático, el primer ministro Levin Rudd pretendía reforzar su posición como líder internacional en la Conferencia de la ONU que se inaugura en Copenhague el día 7. El rechazo del Senado le impedirá comprometer a Australia en dicha cumbre a asumir compromisos de reducción de sus emisiones, lo que reduce aun más las escasas posibilidades de éxito de la Conferencia.
En Australia el tropiezo del gobierno laborista en uno de los principales puntos de su programa y la crisis en que se encuentra el principal partido de la oposición, el Liberal, podría incluso provocar el adelanto de las elecciones generales en 2010.
En Copenhague, cuando se cierra la cumbre el día 18, se comprobará si el actual planteamiento de las políticas climáticas ha conseguido unir fuerzas a nivel internacional en torno a un tratado vinculante o si, como ahora ha sucedido en Australia, la profunda división que pueda provocar entre los 192 países participantes ha forzado a aplazar las principales decisiones hasta el próximo año, haciéndose público tan sólo una declaración de carácter político.
