La ofensiva contra los crucifijos en los centros escolares suscrita por ERC y PSOE tiene el obstáculo de que ambos partidos difieren en la aplicación de la normativa. El independentista Joan Tardá lo tiene claro y recuerda a los socialistas que en la enmienda no se hace distinciones entre la escuela pública, concertada o incluso privada. En cambio, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dejado la puerta abierta a que los centro concertados mantengan los símbolos religiosos. Parece que los socialistas son conscientes del charco en el que se han metido.
Polémica sobre si la retirada del crucifijo afectará a todos los colegios o sólo a los públicos
Según ha asegurado el diputado de ERC, Joan Tardá, "la primera etapa es la escuela pública, pero que quede claro y el PSOE era consciente después de negociar durante horas, que hablamos de todos los centros escolares".
En este sentido, Tardá ha recordado a los socialistas que esto quedó tan claro que hizo que CiU y PP votaran en contra "porque todos sabíamos lo que estábamos votando".
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dicho que la ofensiva laicista podría respetar a los centros concertados. Caamaño insiste en que es necesario que la legislación española se adapte a la sentencia dictada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero deja la puerta abierta a que los centros concertados puedan mantener sus símbolos religiosos.
"Es evidente que nuestro sistema educativo, como el de muchos otros países, se diferencia claramente en que centros que tienen idearios de centro y centros estricatamente público, y que se respete el ideario del centro supone diferencias en el régimen jurídico. Una de esas diferencia puede ser la de los símbolos religiosos", ha señalado el responsable de Jusiticia.
Caamaño se ha mostrado partidario de que esa adaptación de sentencia europea se realice con el máximo consenso posible para que sea buena para todos
Sin embargo, Álvaro Cuesta, secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, ha acotado la agresión a centros públicos ya que según ha asegurado, los centros privados tienen derecho a transmitir la simbología de la confesión religiosa que forma parte de su ideario docente y pedagógico.
