El primero de los asuntos al que se ha referido el líder de los socialistas madrileños en su visita a Moralzarzal ha sido a la supresión del servicio que prestaban las dos auxiliares de Infantil en los colegios públicos San Miguel Arcángel y El Raso.   Estas auxiliares se encargaban de labores relacionadas con hábitos alimenticios, comportamiento y socialización pero, sobre todo, de la higiene. Cambiar a los niños si se hacían encima sus necesidades o tenían que ir al baño, vomitaban o se manchaban. Sin ellas, ante cualquier incidencia de este tipo, el colegio se ve obligado a llamar a los padres, con el trastorno que ello supone en la conciliación de la vida laboral y familiar y el escolar se queda aislado hasta que llegan.   Al respecto, ha dicho Tomás Gómez, es más de lo mismo en la política del PP y un ejemplo de mala gestión municipal: “El ejecutivo ha decidido prescindir de este servicio y que cuando un niño se haga pis o cualquier otra circunstancia, vayan los padres al colegio a cambiarlos. Su coste no llega a los 500 euros, frente a los casi 80.000 euros que gana al año el alcalde. Es un dislate y un ejemplo de lo que no se debe hacer; así no se gobierna un Ayuntamiento ni ninguna institución”. DEMANDAS CONTRA GONZÁLEZ Otro de los temas que se ha abordado en esta visita es el euro por receta. En este sentido, Gómez ha anunciado que esta misma semana el Partido Socialista de Madrid emprenderá acciones judiciales de responsabilidad patrimonial personal contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.   El líder del PSM ha insistido en que con toda seguridad el Tribunal Constitucional fallará favorablemente al recurso interpuesto por su partido contra la medida.   Entonces, dice Tomás Gómez, el presidente regional, deberá afrontar todos los gastos derivados de su implantación: “Ignacio González deberá devolver de su bolsillo cada euro que se ha cobrado injustamente a los madrileños. Ahí hay responsabilidad patrimonial, que es la que exigimos y, además, hay un posible delito de prevaricación.   El líder de los socialistas madrileños ha manifestado que se deben depurar responsabilidades porque el ejecutivo regional implantó la medida aún a sabiendas de que era “injusta” y de que estaba “al margen de la Ley”. Dice Gómez que se ha hecho “oídos sordos a la ciudadanía, a los colegios de farmacéuticos, y de médicos, e incluso al gobierno de Rajoy”.