El Tribunal Supremo ha confirmado que la Generalitat Valenciana debe pagar la multa de 18,93 millones de euros que impuso la Unión Europea por manipular datos de déficit en la autonomía, al considerar ajustado a derecho el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado por el Consell, que determinó la responsabilidad exclusiva de la Comunitat por incumplimiento del derecho de la UE.

En la resolución, la sala hace suyas las conclusiones del Informe de la Comisión Europea sobre el asunto, al detallar los "incumplimientos" y "graves irregularidades" en los que incurrió la Intervención General de la Generalitat en la contabilidad, registro y notificación de los gastos de sanidad de la Comunitat y en el consiguiente incumplimiento de la obligación de notificar a Eurostat los datos anuales de déficit y de deuda con observancia de las normas y procedimientos estadísticos europeos”.

La Generalitat pidió al TS la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros argumentando que según la ley, "era y es competencia única y exclusiva de la Administración del Estado garantizar que los datos del déficit que se comunicaron a Eurostat se ajustaban a las normas contables" requeridas y que la sanción impuesta España se impuso al Estado y no a la Comunidad.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en Les Corts, Manolo Mata, asegurado que “respetaremos las decisiones judiciales y no dudamos de que en términos jurídicos pueda ser legal derivar el pago a la Comunitat, pero lo que es evidente es que la decisión del Consejo de Ministros y del Gobierno de Rajoy es totalmente ilegítima e injusta", ha asegurado el portavoz del PSPV”.

Ha recordado que fueron los antiguos dirigentes del PPCV quienes "manipularon, falsearon y ocultaron conscientemente las cifras enviadas a Bruselas para beneficiarse de determinadas circunstancias", y ha insistido en que, más allá de las decisiones judiciales, se trata de un problema político que el Gobierno del PP "podía haber asumido, pero ni ha querido ni ha tenido voluntad de solucionar".