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TRIBUNALES

Un juez levanta la suspensión del proceso de adjudicación de Zaragoza

El magistrado levanta la medida cautelar de suspensión que mantenía paralizado el proceso de adjudicación del coso de La Misericordia.

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  • EFE

La medida "cautelarísima" fue adoptada por el magistrado con carácter de urgencia frente a la impugnación del pliego de contratación elaborado por la Diputación de Zaragoza, propietaria del coso, por parte de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET).

En su auto, el juez descarta la aplicación de una nueva medida cautelar para paralizar el procedimiento, argumentando que ANOET solicitó la suspensión a finales del pasado mes de febrero, una vez hechas por los interesados sus proposiciones de cara a la licitación del coso taurino hasta 2021.

Ante los argumentos de los recurrentes referidos a la existencia de supuestas actuaciones fraudulentas, el responsable judicial advierte que el daño denunciado se deriva de la paralización del procedimiento administrativo y no de su continuación.

Destaca, además, que aunque se han impugnado los pliegos, aún no se conocen los "concretos motivos" de esta decisión al no haberse formulado todavía una demanda.

"En este auto -añade- no se analiza el fondo del asunto, es decir, no se trata de dilucidar si el acto administrativo impugnado es o no ajustado a derecho, sino que se trata de analizar la procedencia o no de adoptar la medida cautelar".

En relación a este punto, el juez considera "oportuna" la celebración de todo tipo de festejos taurinos, "desde las corridas de toros, como símbolo más patente y afamado de la misma (plaza), hasta las propias vaquillas matutinas, en las que multitud de jóvenes disfrutan del riesgo y la emoción de estos festejos".

La decisión del juez se produce un día después de escuchar en vista pública a la representación procesal de la Diputación de Zaragoza y de los distintos empresarios taurinos participantes en el concurso.

ANOET presentó el pasado 26 de febrero un recurso contencioso para solicitar la inmediata suspensión del referido pliego de condiciones al considerar que en el expediente de contratación existían presuntas irregularidades de carácter técnico y jurídico que perjudicaban a empresas del sector.

En su demanda, la asociación denunciaba que el expediente, al no exigir la acreditación de la identidad de las empresas que aportan la solvencia requerida podría producir un fraude de ley.

Un fraude, destacaban sus responsables, que propiciaría que la Diputación de Zaragoza consintiera que una empresa concreta aportara su solvencia a varios licitadores y éstos pudiera manipular así el precio final de adjudicación del contrato.

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