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MADRID

Contra el cierre de El Batán ordenado por Manuela Carmena

Cientos de profesionales y aficionados se manifiestan contra el cierre decretado por el consistorio madrileño gobernado por Ahora Madrid.

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Alrededor de cuatrocientos profesionales y aficionados taurinos se han concentrado esta mañana en la popular Venta del Batán, en la Casa de Campo de Madrid, para protestar por el posible cierre al uso taurino de estas instalaciones a cargo del equipo de gobierno de Ahora Madrid en el ayuntamiento de la capital.

La concentración ha estado motivada por una convocatoria que, a través de las redes sociales, llamaba a asistir al Batán justo en la mañana en que, según aseguraba el texto, representantes municipales iban a acudir a solicitar a los responsables de la Escuela Taurina que tiene allí su sede la entrega de las llaves del recinto, situación que hasta primera hora de la tarde no se había producido.

Al no renovarse por el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena el convenio de ayudas municipales a la Escuela de Tauromaquia Marcial Lalanda, el Batán ha dejado de ser sede de esta entidad docente, a expensas de que el Ayuntamiento decida cuál será el nuevo uso de sus instalaciones.

Desde hace un año un gran número de profesionales de la tauromaquia acuden allí mañana y tarde para realizar sus entrenamientos, y han sido ellos precisamente quienes han acudido a la concentración para reivindicar su derecho a seguir haciéndolo, en tanto siga vigente otro acuerdo municipal que obliga a albergar en el recinto actividades taurinas.

El matador retirado José Miguel Arroyo "Joselito", co-director de la Escuela de Tauromaquia, ha declarado que, "más allá de que podamos seguir o no en el Batán, la señora Carmena y sus concejales deben respetar el acuerdo plenario de hace unos años que obliga a que estas instalaciones se usen exclusivamente para la tauromaquia".

En ese sentido se han expresado también los banderilleros que acuden a entrenar al Batán, donde, como ha asegurado el madrileño Agustín Serrano, se sienten "refugiados y a salvo de los gritos de 'asesinos' y hasta de las amenazas" que tienen que escuchar cuando practican en otras zonas de la Casa de Campo.

Del Ayuntamiento solo ha asistido a la concentración el portavoz municipal del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, que ha mostrado todo su apoyo a los concentrados y ha asegurado que "hay un desprecio hacia la tauromaquia por parte de este equipo municipal, que viene de sus prejuicios, de su dogmatismo, de su sectarismo y de su ignorancia sobre esta tradición cultural".

Según Almeida, ese "sectarismo" es la única razón del cierre de la Escuela, cuya subvención anual de 60.000 euros es "una cantidad ridícula, por ejemplo más barata que los informes por los que están imputados Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, y casi tanto como la indemnización a Ana Varela o el informe de impacto de género del soterramiento de la M-30".

El Ayuntamiento de Madrid inauguró las instalaciones de la Venta del Batán el 11 de mayo de 1950 con el fin de que en sus corraletas se exhibieran al público los toros a lidiarse en las corridas de la feria de San Isidro, haciendo que esa visita se convirtiera en costumbre habitual de los madrileños durante el mes de mayo.

En 2001, las medidas preventivas contra la enfermedad bovina de la "lengua azul", más conocida como el mal de las "vacas locas", hicieron que los corrales del Batán se quedaran vacíos durante varios años, hasta que, también por desidia de los ganaderos y las empresas de Las Ventas, la costumbre de exponer los toros cayó en desuso definitivamente.

Sin embargo, desde 1989, cuando se construyeron nuevas edificaciones y se instaló una plaza de toros portátil, la Venta del Batán pasó también a ser sede de la Escuela de Tauromaquia de Madrid, donde ha permanecido durante casi treinta años.

En estas instalaciones dieron sus primeros pasos figuras como El Juli, Cristina Sánchez, Miguel Abellán, Uceda Leal, Óscar Higares o Matías Tejela, junto a cientos de adolescentes de distintas nacionalidades que se formaron taurinamente gracias al acuerdo entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, acuerdo roto esta legislatura.

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