La Abogacía recurre la consulta sobre los toros

La AbogacÃa del Estado recurre la consulta de San SebastiÃ¡n sobre los torosLa Abogacía presenta un recurso contra consulta convocada por el consistorio y prevista para el 19 de febrero.El Ayuntamiento donostiarra ha informado hoy de la interposición de este de este recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la capital guipuzcoana, que fue presentado el pasado 29 de agosto y admitido a trámite el 1 de septiembre.La Abogacía del Estado expone que el Ayuntamiento realizó la convocatoria, acordada por la Alcaldía el pasado 14 de julio, pese a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) había anulado dos meses antes el Reglamento de Consultas Ciudadanas, decisión recurrida en casación ante el Supremo, que aún no ha emitido sentencia firme sobre el caso.Además, destaca que la consulta, "a celebrar el 19 de febrero de forma presencial y, mediante votación on line, del 6 al 17", se ha convocado "sin haber recabado con carácter previo, la preceptiva autorización del Gobierno de la Nación, y sin que haya sido aprobada previamente por el pleno de la corporación".La Abogacía del Estado cita la jurisprudencia para recalcar que es "incuestionable el sometimiento imperativo" de todas las consultas populares municipales a la autorización del Gobierno.Alega además, que la suspensión cautelar de la cita del 19 de febrero, no causará "una perturbación grave de los intereses generales o de terceros, toda vez que tales hipotéticos intereses no pueden tener cobertura en situaciones manifiestas de ilegalidad, cual es el caso que nos ocupa".El Ayuntamiento, por el contrario, considera que una consulta "en un ámbito tan específicamente municipal como el de la gestión de sus propios equipamientos tiene un interés prevalente respecto a los intereses del Estado de respeto a un pretendido ámbito de competencia exclusiva"."La relevancia del interés municipal se hace patente por cuanto el desarrollo e impulso de los instrumentos de participación de la ciudadanía en la gestión municipal deriva de un principio democrático además de un mandato legislativo. La consulta solo tiene un carácter consultivo y su resultado en modo alguno afecta a ningún titulo competencial estatal", según interpretan los servicios jurídicos del consistorio.Los letrados municipales entienden que es "previsible" que pueda producirse la sentencia antes de la celebración de la consulta, por lo que creen que "carece de sentido la adopción de la medida cautelar de suspensión" con cinco meses de antelación.La concejala de Participación, Duñike Agirrezabalaga, no lo ve de la misma forma, pues según ha afirmado esta mañana en un comunicado, la Administración del Estado ha solicitado la suspensión cautelar "porque sabe que el contencioso sobre la propia consulta tardará en resolverse dada la lentitud de la Justicia en este país y que, por tanto, no estará resuelto para la fecha de su celebración"."Al margen de recurrir esa suspensión cautelar, tendremos que esperar a la resolución del contencioso interpuesto contra la misma y el reglamento de consultas del Ayuntamiento", ha agregado.La edil ha manifestado esta mañana que no les sorprende la decisión de la Abogacía del Estado porque "era lo esperado", aunque ha advertido de que el consistorio iba a oponerse a la suspensión cautelar de la consulta.Ha asegurado que el Ayuntamiento mantendrá "todos los trámites y procedimientos" para dotarse de un nuevo reglamento que le permita "llevar adelante la consulta" -el nuevo texto se encuentra en fase de tramitación-.El TSJPV anuló en mayo el anterior reglamento tras aceptar los argumentos del Estado, que consideraba que la normativa municipal impugnada contenía una figura, la de la consulta popular no refrendaria, que en realidad significaba un "auténtico referendo que traslada miméticamente el de la Ley Catalana 10/2014".La Sala entendió que esa norma pretendía pasar por meras "consultas" procesos que constituyen auténticos referendos, lo que va en contra de la Ley de Bases de Régimen Local.

COPE

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