El Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), ha emitido este miércoles un comunicado en el que asegura sigue "cumpliendo" con las medidas cautelares que de manera provisional adoptó el Juzgado de lo Contencioso Número 4 de Santa Cruz de Tenerife para legalizar de forma definitiva los vertidos que se producen en el Polígono Industrial de Güímar.

El CIATF ha seguido el mandato judicial tomando todas las medidas administrativas para lograr la autorización del vertido y en este proceso se han llevado a cabo analíticas, que continuarán en los próximos meses, para garantizar el buen estado de las aguas del litoral de esta comarca, obteniendo valores satisfactorios.

En esta línea, desde el CIATF se anima a las demás administraciones que el Juzgado enumera a que den respuesta satisfactoria a las demandas del juez para que así todas las instituciones cumplan con el objetivo final, que es garantizar el saneamiento de este polígono industrial para dar continuidad a la actividad industrial que da empleo a más de 2.000 trabajadores.

Además del convenio ya firmado con los 3 ayuntamientos con competencias en el polígono (Arafo, Candelaria y Güímar) para legalizar la autorización de los vertidos y la ocupación necesaria del Dominio Público Terrestre, el CIATF ha presentado un plan de etapas ante la Viceconsejería de Medio Ambiente que plantea tres escenarios: el actual, uno intermedio --donde entrarían en funcionamiento los tamices pendientes de implementación--, y el final, que el CIATF, en su compromiso para la resolución definitiva del problema, ya ha iniciado con el trámite de información pública para la ejecución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI).

Con respecto a la financiación de la EDARI, el Cabildo --a través del Consejo-- está abierto para negociar un convenio con los ayuntamientos de Arafo, Candelaria y Güímar y así dar cumplida cuenta en un tiempo récord con las demandas de la población que depende directamente con la actividad del polígono.

El vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, ha reiterado en COPE que la financiación del polígono y sus servicios corresponde a los ayuntamientos, aunque desde la corporación no descartan colaborar con la construcción de la depuradora. Abreu recuerda que la posibilidad de cierre del recinto y la pérdida de 3000 puestos de trabajo es real.