Rubén Darío García León

El director del Centro Oceanográfico de Canarias, Luis José López-Abellán, ha dicho a Efe que si alguien quiere llevar a la "irrelevancia" al Instituto Español de Oceanografía (IEO) es suficiente con seguir por el actual camino de ahogo de la institución, con el que, ha añadido, se está "dilapidando" su prestigio y el de su personal.

El IEO es un organismo público de investigación (opi) que depende del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que lleva a cabo investigaciones tanto en recursos marinos y pesquerías como en medio marino y protección ambiental, y en acuicultura.

Su misión es la investigación y el desarrollo tecnológico, incluida la transferencia de conocimiento sobre el mar y sus recursos, y sus problemas tienen mucho que ver con que su estructura está "obsoleta" para cumplir sus funciones actuales, a lo que se une que desde 2014 tiene una intervención previa que tiende a "paralizar" la ejecución presupuestaria.

López-Abellán ha indicado que los nueve centros oceanográficos y los servicios centrales del IEO tienen un presupuesto en torno a los 60 millones de euros al año y cuentan con unos 560 trabajadores, y ha añadido que con esa dotación económica se da respuesta a los proyectos que tienen en marcha y al funcionamiento de los centros.

Pero, si por algún motivo, ya sea por ineficiencia, falta de personal o un proceso de fiscalización de la intervención delegada, no se ejecuta el presupuesto se entra en un "círculo vicioso" porque la dotación económica disponible se reduce para el año siguiente, y como no se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 la disponibilidad se reduce a la mitad de lo que se gastó en 2017.

López-Abellán ha explicado que el problema "capital" es que desde 2014 desde el Ministerio de Hacienda se ha introducido una intervención previa en los organismos públicos de investigación, de manera que el interventor es el responsable de dar su aprobación al gasto de los proyectos comprometidos.

Además, las normas son interpretables, y como los interventores, por ser personas ajenas al instituto, tienen dificultades para "entender" las funciones del mismo y su "imperiosa necesidad" de ser ágiles, eficaces y competitivos.

El director del oceanográfico de Canarias ha recordado que el IEO compite con instituciones tanto nacionales como internacionales para conseguir trabajos, y se han encontrado con el problema de que la intervención delegada condiciona la ejecución de los proyectos.

Esta paralización se produce, por ejemplo, en proyectos o contratos que el IEO ha liderado y por ello la financiación para la institución y para repartir entre los socios.

Y aunque la UE fiscaliza ese trabajo y da su conformidad al libramiento de los fondos el proceso se detiene en la "segunda fiscalización", la que realizan los interventores del IEO.

La intervención española parece que no entiende el proceso "y nos podemos pasar un año o más" sin pagar a los socios y a los trabajadores del instituto, ha comentado Luis José López-Abellán.

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La solución estaría en permitir excepciones en la norma, para que no haya una segunda intervención en algo que ha sido intervenido por otro ente que ha hecho la fiscalización y que en cualquier momento puede hacer una auditoría.