La Plataforma Solar de Almería (PSA), número uno del mundo en investigación de tecnologías renovables, se encuentra en una situación crítica debido a un conjunto de normas que son "claramente incompatibles" con su actividad científica y que si no se revierten tendrán graves consecuencias para el centro.

Así lo explican hoy en una nota de prensa los profesores de investigación de la instalación Eduardo Zarza y Sixto Malato.

La PSA, dependiente del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), es el centro público de investigación más importante del mundo en tecnologías termosolares, hoy por hoy, la alternativa más prometedora de las renovables.

El centro nació en los 80, cuando España hizo una apuesta por la I+D y por las renovables, "una apuesta pionera" por un sector que treinta años después es esencial debido al cambio climático, sostiene Malato.

Pero, tras liderar la investigación en tecnologías solares de los últimos 30 años y convertirse en la número uno de su campo, la instalación está a punto de "echar a perder toda la competitividad y la credibilidad lograda en estos años", lamenta Zarza.

El origen de la situación es un conjunto de cambios legislativos que desde 2016 constriñen la gestión del centro, dificultan su labor y paralizan los proyectos de investigación.

En la práctica, estas normas, que fueron impuestas por el Ministerio de Hacienda para controlar el gasto en época de crisis y evitar posibles irregularidades contables, convierten el día a día del centro en un infierno de papeleos y de burocracia que impiden contratar investigadores o adquirir material tecnológico necesario para los proyectos, entre otros aspectos, explican Zarza y Malato.

Y aunque estas normas se diseñaron para no elevar el déficit público, en la práctica afectan también a los proyectos conseguidos en convocatorias internacionales y que, por tanto, están financiados con fondos europeos, no con los Presupuestos Generales del Estado.

"Debido a esta normativa, nos es imposible utilizar estos fondos que habrá que devolver a Bruselas", es decir, que el PSA no podrá terminar sus investigaciones y no por falta de fondos sino por una norma "claramente incompatible" con nuestra labor, lamenta Malato.

Actualmente, la Plataforma Solar de Almería forma parte de 15 proyectos europeos con una financiación global de 71 millones de euros, de los cuales el centro español ha recibido 6,8 millones.

Cuando finalicen estos proyectos de investigación, la PSA tendrá que devolver estas ayudas que no ha ejecutado, lo que tendrá "graves consecuencias en las futuras convocatorias" y para su reputación.

En esta misma situación, que es "completamente ilógica", se encuentran otros organismos públicos de investigación (OPI) como el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria (INIA), el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA) o el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

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Para solucionar estos problemas solo habría que volver a la situación jurídica previa a enero de 2016 o que permitir que los OPI tengan unas normas de gestión como las que tienen el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o las Universidades, pero, de momento, "el Ministerio de Hacienda se niega en rotundo y no sabemos por qué", afirma Malato.

"La falta de respeto intelectual de Hacienda es incomprensible", sobre todo porque este sinsentido "afecta a la competitividad del sector energético y del país".

Ayer, los trabajadores del Ciemat y del PSA se concentraron a las puertas de sus centros de trabajo en protesta por la situación del centro.