La Asociación de Internautas ha desgranado en un documento facilitado a Efe sus propuestas al nuevo Gobierno dirigido por Pedro Sánchez, en donde reclama agilizar el despliegue de la tecnología 5G o reactivar la actividad del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información Catsi.

Recuerda que este órgano asesor del Gobierno no se convoca desde 2016 a pesar de que el antiguo Ejecutivo planteó propuestas legislativas tan relevantes como la que proponía acabar con el anonimato en Internet, calificada desde la sociedad civil como un ataque "muy grave" contra derechos fundamentales.

"Hemos pedido en distintas ocasiones" al Gobierno que se reúna con las asociaciones, por ejemplo con la presentación del anteproyecto de ley orgánica sobre utilización de datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención de delitos de terrorismo y delitos graves, "que puede menoscabar la privacidad de los ciudadanos".

La Asociación también solicitó sin éxito otra reunión para pedir una ley orgánica en relación con el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico que garantice su gestión, desarrollo y funcionamiento, dado que se trata de un documento "vital" para la identificación de los ciudadanos ante la Administración Pública, así como facilitar su funcionamiento.

Se ha instado asimismo desde esta asociación al desarrollo de la "necesaria" ley orgánica sobre interceptación de las comunicaciones electrónicas que establezca garantías para que "el poder judicial vele y asegure la privacidad y la intimidad de las comunicaciones electrónicas y telefónicas de la ciudadanía".

En relación con las telecomunicaciones móviles 5G, la Asociación de Internautas asegura que España necesita "pisar el acelerador" para que los operadores puedan desplegar cuanto antes la red de quinta generación.

Mientras que otros países ya han asignado frecuencias en distintas bandas, en España todavía se está pendiente de la primera subasta, la que afecta a la banda de los 3,6 GHz que se pondrá en marcha en julio, añade.

Por último, se exige al Ministerio de Cultura que se atenga a los estudios de impacto que han servido para fijar las tarifas del canon digital aprobado, y se cumpla con los requisitos manifestados por el Tribunal Supremo.