El Congreso de los Diputados ha dado un primer paso para que todos los hijos de mujeres asesinadas por la violencia machista reciban una pensión de orfandad, incluso aquellos cuyas madres no cotizaron a la Seguridad Social y que ahora no tienen reconocido ese derecho.

Así se asegura que los niños que perdieron a sus madres por la violencia de género, 169 desde 2013, reciban un mínimo de 677 euros al mes, al tiempo que, en los casos en los que la víctima tuviera más de un hijo, se aplicará el 118 % por ciento de la base reguladora a repartir entre los menores.

El 20 % de las mujeres asesinadas tenían menos de 30 años, por lo que las posibilidades de que cumplieran los requisitos de cotización, haber trabajado 500 días en los últimos 5 años, son mínimas.

Andrea fue asesinada en noviembre en 2013 por su marido en un pueblo de Cuenca donde vivían con sus dos hijos. Esos niños cuentan ahora con 8 y 15 años, entonces 4 y 11 años. Los niños viven ahora con su abuela, la madre de Andrea que tiene la tutela y junto a su hijo José Antonio luchan por sacar a estos chicos adelante. "Intentamos hacerles la vida lo mejor posible dentro de lo que se pueda" dice José Antonio Picazo.

José Antonio es uno de los familiares de víctimas de violencia machista que vienen reclamando esa pensión para los niños que además de perder a su madre se han quedado sin nada, "al año del asesinato de mi hermana me enteré que podía pedir una pensión de orfandad para mis sobrinos y me la deniegan porque mi hermana no tenía 15 años cotizados ni estaba en demanda de empleo. Me entero de una segunda ayuda que es de 75€ por  niño al trimestre, no se si esto es para reírse de nosotros, no se".

José Antonio comienza a moverse para que se cambien las leyes y se les de una pensión a todos los niños huérfanos por violencia machista, "hay que proteger a los niños, son los grandes perjudicados después de la muerte de su madre".

Y si la falta de pensión es incomprensible para José Antonio, aún es más impensable que se siga con la ambigüedad en el vocabulario, "parece mentira, pero cuando hay un asesinato de este tipo, no son homicidios, no son accidentes, habría que llamarlos asesinatos, también hay que cambiar la ley para llamarlos asesinatos. Al asesino de mi hermana le pusieron 15 años y con la indemnización se benefició de dos años de cárcel. Lo llaman reparación del daño, será reparación de su daño porque el daño no se repara... ¿Voy a tener que ver al asesino de mi hermana?"

Tanto los niños como la madre de Andrea y José Antonio, reciben tratamiento psicológico por medio de un proyecto de la Junta de Castilla La Mancha, proyecto que depende de los presupuestos de la comunidad.  "los niños reciben ayuda psicológica a través de un proyecto, pero no podemos depender de un proyecto y de unos presupuestos, para los niños debería ser una ayuda permanente, si los mayores no nos olvidamos, ¿se van a olvidar ellos? Debería haber ayuda psicológica por ley para siempre. Hay que usar el sentido común para las cosas" reclama José Antonio para quien la propuesta que ha aprobado el Congreso "es un pasito adelante, pero falta mucho".

Las trabas son excesivas desde el primer momento comenzando por el juicio, "hasta que se celebró el juicio pasaron 30 meses, un asesino confeso, debería ser juzgado a la semana siguiente ¿hay que esperar 30 meses para juzgar a un asesino confeso? No es entendible. Eso no te ayuda nada".