Hasta ahora no había un estudio en profundidad sobre el impacto económico y social de la caza en España. La Fundación Artemisan acaba de presentar uno elaborado por Deloitte. Las cifras son más relevantes de los esperado. Para empezar genera 6.475 millones de euros. La actividad cinegética representa un 0,3% del PIB, equivalente a las ventas netas de vino o al 13% del sector agrícola, ganadero y pesquero. Por cada euro gastado se generan 1,18 euros de PIB. El sector emplea casi a 187.000 personas (el 1% de la población activa) de los que 45.500 puestos de trabajo son directos, generados por titulares de cotos y organizaciones profesionales. Las haciendas públicas recaudan más de 614 millones de euros gracias a la caza.

Más allá de las cifras económicas el informe pone de relieve la contribución social y medioambiental de la caza. La primera se materializa en varios ámbitos. Por ejemplo en las actividades de educación y sensibilización, que desarrollan cotos y sociedades de caza. También el impacto positivo en seguridad vial porque la caza evita la sobrepoblación de especies como jabalíes y corzos, que son los responsables del 54% de los accidentes en carreteras ocasionados por la fauna silvestre. La actividad también es clave para el control poblacional de especies abundantes y en el arraigo social. Hay zonas de España que se verían fuertemente perjudicadas si desaparece la caza.

Desde el punto de vista medioambiental el estudio destaca cómo los cotos invierten más de 285 millones de euros en repoblaciones, conservación ambiental y mantenimiento. El ejemplo más relevante de la labor ejercida por los actores cinegéticos en la preservación de la fauna silvestre es la recuperación del lince ibérico, gracias al mantenimiento en los cotos privados de las poblaciones de conejo de monte y perdiz que le sirven de alimento.

El sector se siente poco defendido por la administración y “demonizado” por parte de la sociedad según afirma a COPE el presidente de la Fundación Artemisa José Luis López-Schümmer. Ha pedido “respeto” ante las críticas que recibe y que llevaron a los cazadores a manifestarse el pasado fin de semana en toda España. Afirma que estamos ante una actividad “legal y legítima” aunque son conscientes de que tienen que dar explicaciones y poner más en valor su contribución.

La caza es practicada en España por cerca de 800.000 personas, de las que 334.000 cuentas con licencia federativa. Solo el fútbol y el baloncesto tienen más. El perfil del cazador “no ha cambiado de manera sustancial en los últimos años” según López-Schümmer. Es un hombre asalariado, de más de 46 años, con estudios universitarios y que gasta de media anual casi 9.700 millones de euros en la actividad. Practica tanto caza mayor como caza menor. Castilla La Mancha (86%), Castilla y León (35%), Andalucía (34%) y Extremadura (33%) son los principales destinos.

España es uno de los principales destinos para cazadores de todo el mundo, especialmente europeos, tanto por su diversidad como por las distintas modalidades de caza que se pueden practicar.