Casi nueve de cada diez de las personas que ingresaron en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) tenía abierto un procedimiento de devolución, según denuncia el Servicio Jesuita de Migrantes en un informe que desvela que Interior realizó 26,37 repatriaciones al día de migrantes en 2017.

El último informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) sobre la situación de los centros de internamiento de inmigrantes "Sufrimiento inútil" critica que se estén utilizando esos centros para realizar repatriaciones rápidas de migrantes, sin tiempo de identificar si precisan protección.

Recoge datos de Interior y expone que a lo largo del pasado año, 28.572 personas entraron irregularmente en España por vía marítima y terrestre y se produjeron 18.794 detenciones de personas migrantes en situación irregular.

Las autoridades iniciaron 21.834 expedientes de expulsión y se incoaron 20.672 órdenes de devolución, de las que se repatriaron a 9.326 personas, el 44 % directamente desde los CIE (4.107).

"España acoge a quienes llegan a sus costas con la detención, el internamiento y la rápida repatriación", ha lamentado Carmen de la Fuente, vicepresidenta de esta organización jesuita, quien ha destacado que el 86 % de las 8.814 personas que fueron internadas en un CIE estaban en proceso de devolución por entrada ilegal.

"Los CIE han actuado como espacios de desprotección y contención de las migraciones, para garantizar la rápida repatriación con las menores garantías, sin posibilitar la adecuada identificación de las personas vulnerables y sus necesidades de protección", ha explicado Carmen de la Fuente, vicepresidenta de esta organización jesuita.

En 2017, fueron internadas 1.217 personas más que en el año anterior y el periodo medio de internamiento se alargó en 2,16 días más, hasta llegar a los 26,63 días de media de estancia de los extranjeros en los centros.

El perfil de las personas que trasladan a un CIE es un varón joven africano: argelinos (31 %), marroquíes (18 %) y costa marfileños (13,78 %); hay otro grupo de Guinea, Gambia, Camerún, Mali, Guinea-Bissau y Burkina Faso, que forman otro 21 %.

La ONG ha vuelto a insistir en la urgencia de cerrar los CIE y plantea que "mientras estén abiertos, protejan y garanticen los derechos de los migrantes en situación irregular".

"Es necesaria un política migratoria que ponga el acento en la acogida, flexibilizando los visados para que estas personas puedan construir un proyecto propio y una inversión en centros, pero no de detención, sino de ayuda humanitaria", ha añadido.

"El sufrimiento es inútil y lo hemos encontrado en todos y cada uno de los CIE que visitamos", ha lamentado, quien ha rechazado "la opacidad y la impunidad policial con la que se actúa" en esas instalaciones.

El Servicio Jesuita a Migrantes, organización dedicada a la ayuda y acompañamiento a migrantes y refugiados en centros de detención y de internamiento, evalúa en su investigación los centros de Algeciras, Tarifa, Madrid, Valencia y Barcelona.

Se presentaron 1.381 solicitudes de asilo desde los CIE (611 más que en 2016), de las que se admitieron a trámite 395, un 28,6 %.

El autor del informe, Josep Buades, ha lamentado la situación e "fraude de ley" del centro de Archidona, porque ha explicado que su puesta en marcha fue provisional "y se ha convertido en una mala respuesta".

El responsable en Europa de esta ONG, José Ignacio García, ha explicado que "el internamiento de extranjeros es una zona gris en nuestra sociedad y en Europa lo es y se aplica de forma muy diversa según los países, un centro de detención de Rumanía es diferente a uno de España".

El experto europeo ha vaticinado "un futuro bastante peor que el presente, más personas en los centros y con condiciones más penosas y de asistencia más escuálida".

Ana Bosch, del grupo de trabajo de los CIE, ha explicado que, a pesar de las trabas que ponen algunos centros, realizaron visitas a 674 personas de 42 nacionalidades en los CIE para hacer labores de acompañamiento "identificando y ayudando a personas vulnerables y desprotegidas".

"Nos encontramos con personas con algún tipo de enfermedad mental, con problemas físicos, también personas susceptibles de solicitar asilo, víctimas de trata y menores de edad", ha relatado.

La abogada de Pueblos Unidos, Marta Sánchez-Briñas, ha detallado casos detectados de personas que no debían estar internadas, como el una personas ciega, de origen argelino, que precisaba de una segunda persona de acompañamiento o un menor que tras presentar el documento de identidad original le notificaron su expulsión, que fue anulada por la gestión de esta ONG.