La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha asegurado hoy que hay consenso con las comunidades autónomas sobre la necesidad de dar seguridad jurídica para dispensar asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y en armonizar la nueva norma.

Así lo ha dicho Montón antes de reunirse con representantes de unas 30 organizaciones que integran la Plataforma en Defensa de la Sanidad Universal para escuchar "sus demandas y propuestas", tras la reunión mantenida esta mañana con la Comisión Delegada preparatoria de la reunión interterritorial prevista para el 28 de junio.

Una reunión en la que se abordará con las comunidades autónomas la elaboración de una nueva norma en sustitución del real decreto de reforma sanitaria aprobado por el PP en 2012 que retiró la tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes en situación irregular.

Para Montón el acuerdo sobre la necesidad de dar seguridad jurídica a los inmigrantes y la armonización de la norma en todas las comunidades autónomas es un "buen punto de partida" para consensuar una nueva ley que podría estar lista para después del verano.

"Hay un plazo de seis semanas para establecer una nueva norma y se necesitan 30 días para su convalidación en el Congreso", ha recordado la ministra, que ha anunciado que en los próximos días se reunirá con los grupos parlamentarios y con "otros grupos de interés de la sociedad civil".

Sobre el encuentro de hoy en el ministerio con los representantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Universal, Montón ha avanzado que sus demandas son coincidentes con la hoja de ruta del Gobierno, cuya prioridad es recuperar los derechos de las personas.

Montón ha agradecido el trabajo de algunas organizaciones civiles que han prestado asistencia sanitaria y que han mantenido "la reivindicación y la necesidad social viva".

Sobre la eliminación del copago, Montón ha anunciado que se trabajará en la misma línea que para la recuperación de la atención universal.

Se abrirá un proceso en el que las comunidades "tienen mucho que decir" y ha expresado su esperanza en encontrar "entre todos un punto en el que estemos agusto y se pueda empezar a desarrollar" un nuevo texto.

No ha querido precisar si el Gobierno podría poner algún fondo económico para afrontar el coste de la eliminación del copago y ha insistido en que la primera medida que tiene que adoptar el Gobierno es devolver el derecho a los pensionistas.