Un total de 993 personas fueron ejecutadas en 2017 por la pena de muerte en el mundo, una cifra mínima que supone un descenso del 4% respecto al año anterior y del 39% en comparación con 2015, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre esta condena.

La organización ha celebrado este descenso global en la presentación del documento en Londres, aunque ha apuntado que hay que "seguir trabajando" y recordó que China continúa siendo el "lado amargo del progreso", donde las cifras correspondientes a las miles de ejecuciones consumadas en 2017 están clasificadas como secreto de Estado. "China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en ese país", indica el informe.

Excluyendo al país asiático, el 84% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán, mientras que el 16% restante se contabilizó en los otros 19 países en los que AI tiene constancia de la puesta en práctica de esta condena durante los últimos doce meses. En total, 23 países castigaron a delincuentes con su vida en 2017, un número que permaneció inalterado respecto al año anterior, aunque Bahréin, Emiratos Árabes, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones tras un periodo de interrupción.

Las muertes como castigo experimentaron un descenso notable en Bielorrusia (un 50 % menos que el año anterior), Pakistán (-31 %), Egipto (-20 %), Irán (-11 %) y Arabia Saudí (-5 %), según el documento. Por contra, aumentaron en Palestina, de 3 en 2016 a 6 en 2017; en Singapur, de 4 a 8, y en Somalia, de 14 a 24.

Estados Unidos fue, por noveno año consecutivo, el único país del continente americano que llevó a cabo ejecuciones (23) y condenas a muerte (41).

Unas cifras ligeramente superiores a las de 2016, pero que según AI siguen estando dentro de las "tendencias históricamente bajas de los últimos años". Entre los mayores logros de 2017, la organización subrayó la abolición de la pena capital para todos los delitos en Mongolia y Guinea.