En España la edad penal está establecida por ley de los 14 a los 18 años. Es el caso de los dos menores detenidos en Bilbao como presuntos autores del asesinato y robo de una pareja de octogenarios. El siguiente paso será pasar de la policía a disposición de la Fiscalía de Menores en el País Vasco. Allí serán examinados por un equipo técnico de psicólogos y asistentes sociales que investigarán su situación educativa, familiar y social para decidir las medidas penales. El Fiscal Jefe de Menores, Javier Huete, ha asegurado a COPE que el hecho es tan grave que “el fiscal del País Vasco con los datos de ese informe lo normal en este caso es que se pida la medida cautelar de internamiento en centro cerrado”. La decisión de esa pena la tomará también el juez de menores encargado del caso valorando todos los informes y la petición de la fiscalía.

En la pena, según fuentes consultadas, tiene mucho peso si con anterioridad, antes de cumplir los 14 años, ha habido algún episodio de intervención provocado por otros actos delictivos. Se considera en esos casos que el estado debe haber intervenido para reconducir esas conductas y si no se ha hecho hay un fracaso importante. Cada intervención nos cuentan es personalizada.

La Ley del menor tiene como objetivo ya no sólo el cumplimiento de la condena sino vela en todos los casos por recuperar al menor a través de los centros de internamiento. Huete entiende que la sociedad en caliente pida un cambio en la legislación pero: “Hay que dejar que las normas que pretenden algo tan positivo como es recuperar a esos chicos, entren en funcionamiento. No será posible en muchos aspectos, pero hay que dotar de recursos para que sea viable”.

Algo en lo que cree completamente la Juez de Menores de Gran Canaria, Reyes Martel, “lo que prima es el interés del menor, se considera persona no formada , es responsabilidad de la sociedad, no solo del padre o de la madre, de la sociedad en general en que estas personas crezcan y se formen de una manera adecuada”.

El Jefe de los fiscales de menores, Javier Huete, cree que el verdadero fondo d ella cuestión es averiguar a que se debe esta importante escalada incontrolada de violencia. La solución para poner freno a estos delitos pasa mucho antes de que ocurran. “Esto está pasando porque no hay una percepción del valor de la vida humana. Es un conflicto en el que falla la familia que se desentiende de la obligación de educar a los hijos, que la dejan en manos de los colegios cuando esa educación debe venir de la familia”. El barrio de donde provienen estos chavales, Otxarcuaga es un barrio con grandes carencias asistenciales y viales, y ese entorno según el Fiscal jefe es “lo que hay que examinar porque es sola punta del iceberg”.

Hace tan solo tres años, en 2014 la consejería de justicia del País Vasco presumía de tener un 80% de reinserción en menores que hubieran cometido delitos gracias a la rápida intervención de Servicios Sociales. Fuentes consultadas por COPE ponen de manifiesto que desde hace meses existe una grave preocupación por el fracaso en el trabajo de los centros de protección de menores en la comunidad vasca.

RÉGIMEN ABIERTO O CERRADO 

Desde los centros de menores de toda España normalmente gestionados por asociaciones privadas de reinserción, se trabaja para recuperar a los chicos y chicas que han pasado por episodios delictivos. En los centros conviven en distintos régimenes.

Cuando los delitos son menores las medidas son lo que se denominan en “medio abierto” y se trata de prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socio-educativas, libertad vigilada, tratamiento ambulatorio si hay adicción, asistencia a un centro de día, o permanencia domiciliaria el fin de semana. Si la pena es mayor se contemplan internamiento en régimen cerrado, abierto o semiabierto.

Se trabaja con ellos en estos centros a todos los efectos. La mayoría están en edad escolar y reciben clases para poder continuar con sus estudios. O bien reciben formación profesional para aprender algún oficio. De manera paralela se trabaja con ellos desde un plano psicológico y emocional con psicoterapeutas. El objetivo es que este internamiento sirva para recuperarles para la sociedad. Algo que según la Jueza de menores Reyes Martel se puede.