Mirar para otro lado en la sede de Ferraz era, por supuesto, una opción. De hecho, ésa ha sido la apuesta de Pedro Sánchez, firme en su actitud contraria a la prisión permanente revisable. El debate abierto sobre la figura penal, aplicable a casos de terrorismo y a crímenes que causan especial repulsa social por su brutalidad, ha reafirmado al líder del PSOE en sus posiciones. Impertérrito. A la postre, le ha bastado hasta ahora con eludir la controversia - cuando en la mente de todos está el caso Diana Quer - y dejar a PP y C's que pugnen por alzar la bandera del endurecimiento de las penas contra la derogación de la herramienta legal que tramitan las Cortes. “Que la derecha bicéfala se cueza en su salsa”, en palabras de un destacado miembro de la Ejecutiva Federal. Porque, con ello, se han ido quitando la presión de encima. 

“Calma” y “prudencia”, sugieren los socialistas, mientras populares y naranjas, con sus dos cabezas, la de Mariano Rajoy y la de Albert Rivera, “se meten en el barro”, según uno de los colaboradores de Sánchez. El PSOE sigue inamovible en su posición de promover o apoyar iniciativas para derogar la fórmula penal, como las que sacó adelante en 2016 en la Comisión de Justicia o la iniciativa del PNV que logró el año pasado el apoyo del Pleno, y mantiene un recurso ante el Tribunal Constitucional. Incluso dejó negro sobre blanco su derogación inmediata en el acuerdo de investidura sellado con C's.

Es más, la prisión permanente llegó a ser uno de los escollos para el pacto antiyihadista que firmaron Rajoy y Sánchez en un acto solemne en La Moncloa en 2015. El documento suscrito por los dos líderes eludió una mención expresa a esa reforma estrella del PP y usaron el subterfugio de “la máxima de las penas” para homologar a España con el resto de Europa en su compromiso de respuesta y prevención ante la lucha contra el terrorismo islamista. El PSOE antepuso su derecho a estar en contra de lo que consideran una “cadena perpetua encubierta”. 

En la sede de Ferraz rechazan que penas más duras reduzcan los niveles de criminalidad. “Es una irresponsabilidad trasladar a los familiares que eso resuelve sus problemas”, sostuvo este lunes en rueda de prensa Oscar Puente. Ahondando en esa línea, recordó que el asesinato de Diana Quer se había producido estando en vigor la prisión permanente y cargó duramente contra el Gobierno por “que utilice a los muertos y a las víctimas para hacer política”. Según aseveró el portavoz de la Ejecutiva Federal, España es uno de los países con uno de los ratios de criminalidad más bajos, pero también es cierto - y Puente lo obvió – que es uno con mayor población carcelaria, y apostó por combatir los grandes delitos con más educación o más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Los socialistas siguen sin dar una respuesta a esa mayoría social, según todas las encuestas, favorable a la prisión permanente revisable. Pero asumen el riesgo y, además, el Grupo Parlamentario es una piña en esta peliaguda materia.Pedro Sánchez ni siquiera ha necesitado desplegar en sus asambleas a lo largo y ancho del país un argumentario ante sus bases. En cambio, ha dividido al centro-derecha hasta tal punto que C's, la misma formación que hablaba de “demagogia punitiva”, ya busca adelantar al PP pidiendo mantener la redacción actual de la reforma, endureciendo los plazos y requisitos para que los condenados puedan acceder a beneficios penitenciarios.

Y mientras, Pedro Sánchez, en su fortín de Ferraz, parece apostar por evidenciar el espectáculo de ver devorarse a la denominada “derecha bicéfala”.