“¡Es la economía, estúpido!”. La ya famosa frase de James Carville, asesor de Bill Clinton en la campaña que le aupó a la presidencia de Estados Unidos con su victoria sobre George Bush padre, había guiado hasta ahora, casi en exclusiva, la acción política de Mariano Rajoy, pero el presidente se ha dado cuenta de que esto ya no basta para recuperar a sus votantes.

El crecimiento y la creación de empleo seguirán siendo los principales objetivos del Gobierno, pero, como algunos venían reclamando hace tiempo, hay que hacer política. “Los españoles ya saben que hemos sacado al país de la crisis”, decía un dirigente popular, pero esto ya no es suficiente. Hay que articular un nuevo discurso. A ello, a rearmar ideológicamente el partido, se dedicará la Convención nacional que se celebrará en Sevilla los días 6,7 y 8 de abril, pero el Ejecutivo ya empieza a moverse para hacer lo que pedían también muchos cargos populares: recuperar las banderas que, tradicionalmente ha defendido el partido, y que les había arrebatado Ciudadanos.

El Gobierno comenzó proponiendo hace unas semanas la ampliación de los supuestos en los que se aplicará la prisión permanente revisable, una iniciativa que, piensan, cuenta con mucho apoyo popular. De paso, aprovecharon para poner sobre la mesa las contradicciones de Rivera en este asunto, ya que, hace unos meses, permitió con su abstención, subrayan, que se pudiera iniciar la tramitación en el Congreso de una proposición de ley del PNV para anular esa figura penal en nuestro ordenamiento. Ciudadanos asegura que quiere esperar a que se pronuncie el TC, y pretende ahora ir más lejos proponiendo, incluso, que se endurezca el acceso al tercer grado penitenciario.

Pero el ejecutivo ha dado un paso más esta semana deslizando su intención de garantizar en las aulas catalanas un mínimo del 25 por ciento de las horas lectivas en castellano. Fue el secretario de estado de Educación, Marcial Marín, el primero en apuntar el pasado jueves esa posibilidad, aunque hay que estudiar si la aplicación del 155 les permite hacerlo. Se trataría, además, de cumplir la sentencia que en su día dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que nunca se ha aplicado. El presidente no se ha manifestado de manera directa sobre el tema, solo se limitó a decir el pasado sábado que los debates obre las lenguas atentan “contra el progreso”, y nos sitúan “en el peor pasado”. Con esta iniciativa se buscarían además dos cosas: volver a demostrar que el Gobierno tiene la iniciativa política, y presionar a los nacionalistas para que aparten definitivamente a Puigdemont y designen un candidato libre de cargas judiciales. Solo así se podrían librar del 155 y, de esta manera, el Ejecutivo tendría además el camino más fácil para conseguir el apoyo del PNV a los presupuestos de este año.

En el PP asumen que Ciudadanos sigue estando fuerte, pero Rivera puede morir de éxito, advierten, por eso, seguirán criticando a la formación naranja, entre otras cosas, porque sus votantes apoyan esta táctica, al menos eso dicen sus propios sondeos internos. Esta semana, por ejemplo, se han esforzado sobre todo en poner el dedo en la llaga de las finanzas de la formación naranja, finanzas en las que el Tribunal de Cuentas encontró algunas irregularidades que, eso sí, no han sido suficientes para que la fiscalía actúe.

El Gobierno cuenta también para su recuperación con dos factores que quizá le puedan ayudar: el tiempo y el Boletín Oficial del Estado.