Es de sobra conocida y polémica su decisión de no firmar el pacto antiyihadista -aunque no sea estrictamente parlamentario ni de esta legislatura- al que acuden sólo como observadores. Explican que comparten la importancia del foro, pero no algunas de sus medidas. “Ni el endurecimiento del Código Penal ni los bombardeos sirven para reducir la amenaza terrorista”, explicaba Pablo Iglesias en 2015. Según ellos, hay que “quitarle al agua al pez”, es decir, luchar contra quienes les financian.

Ya en el Congreso, los diputados morados se bajaron de la Comisión para la Modernización del Estado Autonómico con la que el PSOE pretende sondear una posible reforma constitucional que, a su vez, desembrolle la crisis catalana. Dicen que han dejado “en suspenso” su participación “mientras siga habiendo presos políticos y se siga aplicando el 155”. El día que se constituyó, sin la presencia tampoco de los partidos nacionalistas, Iglesias acusó al PSOE de aliarse “con la extrema derecha de Ciudadanos y la derecha corrupta del PP” y aseguró que “no se dan la condiciones de diálogo”.

A finales de noviembre, Unidos Podemos abandonó la subcomisión que trabaja en un pacto por la Justicia con el argumento de que los trabajos estaban “estancados” porque, según su portavoz Eduardo Santos, no se pasaba de las “generalidades” al debate de medidas concretas lo que considera un “insulto para los ciudadanos”. Y añade que lo único que le interesa al Gobierno es que se avalen sus políticas “conservadoras y autoritarias”. Su número dos, Jaume Moya, sospecha que los trabajos terminarán con propuestas para “maquillar, legitimar y perpetuar” el sistema actual.

En septiembre, cuando el pleno del Congreso aprobaba las 213 medidas del Pacto contra la Violencia Machista, los representantes de Unidos Podemos se abstuvieron. Desde la tribuna, su diputada Sofía Castañón alegó que era “un pacto de mínimos, no un pacto feminista y no soluciona el problema”. Su compañera de En Marea, Ángela Rodríguez, añadió que “este pacto no nos vale aunque las medidas que están ahí sean buenas porque no hay garantías para su aplicación ni de cuando se van a poner en marcha”.

En el caso del Pacto por la Educación, Unidos Podemos sigue por ahora en la mesa de la subcomisión parlamentaria que se puso en marcha, una vez más, con su abstención (más las de PNV, PdCat y Bildu). Aunque desde el principio han advertido que tampoco en este caso firmarán un acuerdo de mínimos porque sería, según su portavoz Javier Sánchez, “la enésima estafa para la comunidad educativa”. Este mismo martes, aseguraba que no iban a abandonar esta negociación porque es “su deber” aunque lanzaba otro mensaje: “Puede que con la excusa del pacto educativo acabemos teniendo algo peor que la LOMCE. Vamos a estar muy vigilantes”.