En este sentido, "se estima que otros organismos y delegaciones de este Ayuntamiento ostentan, entre sus competencias, algunas más acordes al objeto social de estos inmuebles, tal como el Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, que tiene atribuida la determinación de los beneficiarios de las viviendas sociales, personas sin hogar y emergencias sociales". De hecho, hasta la creación en 2004 de la Oficina Técnica de Asesoramiento al Inquilino en Situación de Abuso (Otainsa), el destino de las viviendas incluidas en el inventario de la Gerencia de Urbanismo era, preferentemente, para los realojos motivados por razones urbanísticas, poniéndose a disposición de la Delegación de Asuntos Sociales para tal fin.    De igual modo, la suspensión de estas normativas permitirá "subsanar una serie de deficiencias detectadas durante su aplicación, que provocan situaciones no deseables en derecho, como la falta de concreción de unos cupos definidos para cada una de las necesidades de viviendas o de requisitos claros y específicos para poder acceder a aquéllas". "Para no causar perjuicio a ninguno de los demandantes de viviendas a los que son de aplicación las normativas suspendidas, las solicitudes actualmente en trámites se remitirán al Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, para su tramitación y resolución conforme a los criterios que por ese área se estime procedente. En la actualidad, hay pendientes de resolver tres solicitudes de viviendas acogidas a situación de emergencia social".    Conjuntamente con este acuerdo, el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo aprobará la adjudicación de cinco viviendas de su parque social de viviendas a otras tantas unidades familiares que se encuentran en situación de emergencia social. En tres de estos cinco casos, se trata de resoluciones para regularizar la situación de tres familias que permanecían ocupando unas viviendas "en precario" y que ahora se formalizan mediante la firma den los correspondientes contratos.