Los propietarios forestales se preguntan estos días cómo les van a afectar las medidas que propone la Xunta para garantizar las franjas de seguridad alrededor de viviendas e infraestructuras, y es lógico, porque va a suponer un antes y un después en la prevención de los incendios.

Antes de nada hay que señalar que la normativa está siendo debatida en el parlamento y podría sufrir alguna modificación, pero la intención del gobierno gallego es aprobarla tal y como está y que se empiece a aplicar el próximo mes de enero.

En mayo de 2018, cuando se inicia la etapa de riesgo alto de fuego la Xunta quiere que no quede ni un sólo pino, eucalipto o acacia a 50 metros de los núcleos urbanos y rurales. En esos perímetros de seguridad se permiten los frutales y las frondosas, pero nunca especies pirófitas, de las que ayudan a propagar los incendios.

Lo mismo se aplica, como es lógico, a gasolineras, campings u otras infraestructuras similares. En el caso de carreteras la franja de seguridad es de 12 metros, en los 4 primeros no podrá haber árboles, en los otro 8 sí, pero de nuevo se vetan las especies prohibidas por peligrosas.

Para garantizar el cumplimiento de todo esto se faculta a los ayuntamientos a cortar árboles si no lo hace el propietario y pasarle después la factura. En caso de que el dueño sea desconocido se prevé la publicación del anuncio en el DOGA para que se haga cargo. Si no aparece cabe la expropiación de esos terrenos.