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Los afectados por la Ley de Montes de Utilidad pública deberán reclamar su derecho de propiedad con documentación anterior a 1974

Afectador por la Ley de Montes
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Los afectados por la Ley de Montes de Utilidad Pública (MUP) deberán reclamar su derecho de propiedad con documentación anterior al 22 de febrero de 1974, es decir 30 años antes de la entrada en vigor de la Ley de Montes del 2003, según ha informado hoy el portavoz del colectivo, Javier Rugama, tras mantener ayer una reunión con el consejero de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, y el director de Montes, Antonio Lucio.

En un comunicado, Rugama ha informado que, según les ha trasladado la Consejería, la reclamación se podrá demostrar a través de testamentos, declaraciones de herederos, escrituras públicas ante notario, contratos de compraventa con impuestos pagados, documentos expedidos por las juntas vecinales o ayuntamientos, certificados de amillaramientos e incluidos en el Catastro, etcétera.

En base a este criterio, se revisarán todos los expedientes rechazados hasta la fecha y se comunicará el resultado a cada propietario, sin que sea necesario presentar de nuevo documentación.

Rugama ha explicado que, de momento, el proceso está "paralizado por falta de personal, que se contratará lo antes posible, en dos meses"; así como que el Gobierno "ha dejado claro" que no reconocerá ninguna propiedad particular en MUP sin que el afectado inicie un expediente y presente su documentación.

Por ello, ha subrayado que "a quien no reclame su derecho de propiedad sobre su parcela le ha empezado a correr el tiempo" y puede perder este derecho por la "prescripción adquisitiva" (usucapión) a favor de la Administración.

Sobre los títulos de propiedad de la concentración parcelaria de Voto, pendientes de entregar, según Rugama, el consejero ha admitido que existe "un problema de cuadrar los planos" de la concentración con los de montes, pero en breve --no se ha dado fecha-- estará resuelto y se darán los títulos.

Otra cuestión que se ha abordado en la reunión han sido los nuevos convenios forestales y de pradería, que sustituyen a los antiguos consorcios y concesiones. Las fincas que tengan derecho a la propiedad la perderán si se hace un nuevo convenio puesto que en este acto "se está renunciando a la propiedad y se pierde ese derecho en vía administrativa", ha explicado Rugama.

En el encuentro celebrado ayer en la Consejería han participado, además de los citados, siete representantes de la Plataforma de Colectivos de Afectados por los Montes de Utilidad Pública de Cantabria (Placamupca): Juan Jesús Fernández Cedrún por Voto; Jose Luis Ruiz San Sebastian por Soba; Javier Martinez Fernández por Villacarriedo; Joaquín Fernández Ruiz por Saro; Rosa Maria Anuarbe Ocejo por Toranzo; Juan Ignacio Fernández Solana por Ampuero; y María Rivero Alonso por Guriezo.

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